Ginebra. Alrededor de 7,000 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio, según el informe publicado este jueves por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet.

La exmandataria chilena alertó que la gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, una proporción “sorprendentemente elevada”.

En su informe, tras su visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet destacó igualmente que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

En sus conclusiones, pide la disolución de las Fuerzas Especiales, a las que achaca en particular la mayor parte de las 5,287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales en el 2018.

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1,569 personas fueron asesinadas”, según las estadísticas del propio gobierno. Además, hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.

Rechazo

El gobierno venezolano puntualizó que dicho informe presenta una “visión selectiva y abiertamente parcializada” sobre la verdadera situación de las garantías fundamentales en la nación petrolera.

La cancillería de Venezuela precisó que el gobierno de Nicolás Maduro ya presentó 70 observaciones al informe, ya que es “preocupante” que, a pesar de que el organismo de Naciones Unidas realizó dos visitas este año (en marzo y junio pasados) a Venezuela, 82% de las entrevistas usadas para su informe se hayan realizado a personas que se encuentran fuera del país.