Madrid. El Tribunal Constitucional de España frenó el miércoles un intento por parte de los legisladores separatistas catalanes de trazar un camino hacia la independencia de la región en el 2017.

El decreto vino horas después de que el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, impugnara legalmente el intento de secesión y acusara a los separatistas de conspirar para destruir siglos de unidad española. Estamos hablando de la defensa de todo un país , enfatizó. Están tratando de liquidar la unidad de una nación con más de cinco siglos de historia .

La decisión unánime del tribunal de aceptar revisar el alegato del gobierno español suspende una resolución aprobada el lunes por el parlamento de Cataluña en Barcelona, que autorizaba comenzar a trabajar en una Constitución catalana y establecer sistemas de recolección fiscal y seguridad.

La abogada del estado presentó la reclamación ante el Tribunal Constitucional, y el gobierno pidió a la corte que suspenda la decisión del Parlamento catalán mientras se la estudia. El gobierno también quiere que el Tribunal Constitucional advierta a las autoridades catalanas a no dar nuevos pasos en el proceso de secesión.

En un comunicado, la corte advirtió a los políticos catalanes que podrían enfrentar cargos criminales si desafían la decisión.

Poco después de que las autoridades legales del gobierno presentaran su recurso, Rajoy criticó la resolución catalana de independencia, a la que calificó como un ataque a la soberanía y democracia de España.

La resolución del parlamento de Cataluña también eximía al gobierno regional de ser obligado a acatar a las instituciones españolas, incluido el Tribunal Constitucional, lo que prepara el terreno para una colisión legal entre los separatistas y el gobierno español en caso de que los primeros intenten dar más pasos hacia la independencia.

Los funcionarios públicos que se rehúsen a cumplir con el fallo de la corte podrían enfrentar cargos de desobediencia, que conllevan una sanción de suspensión del cargo hasta por dos años y fuertes multas, comentó Elena Iñigo, profesora de ley penal en la Universidad de Navarra.

La resolución del lunes fue promovida por la alianza proindependentista Juntos por el Sí y el grupo CUP de izquierda, que suman 72 de las 135 bancas del parlamento regional tras las elecciones de septiembre. Los dos grupos conversan para formar nuevo gobierno y llevar adelante el proceso independentista, pero disienten en quién debería ser el presidente regional.

Las encuestas indican que la mayoría de los catalanes apoya un plebiscito sobre independencia, pero están divididos en cuanto a la independencia en sí.

La región de 7.5 millones de habitantes representa una quinta parte de la producción económica española.