Nicaragua se ha visto sacudida por una ola de protestas donde más de dos decenas de personas han muerto. Las manifestaciones se han extendido rápidamente a todo el país, y se han visto escenas donde se lanzan piedras, queman barricadas, se usa gas lacrimógeno y disparos de armas. Entre los fallecidos hay un periodista que murió mientras trasmitía en vivo en redes sociales. Decenas de comercios han sido saqueados en Managua, la capital de este país centroamericano de 6 millones de habitantes.

Decreto de pensiones

Las manifestaciones comenzaron cuando el gobierno sandinista del presidente Daniel Ortega emitió un decreto el 16 de abril donde aumentaba las cuotas patronales y de los trabajadores e imponía un impuesto a los pensionados, con el objetivo de reforzar el aquejado sistema de Seguro Social.

Los pagos de los trabajadores al Seguro Social pasarían de 6.25 a 7% a partir del 1 de julio; para los empleadores se incrementará de 19 a 21%, y subiría hasta alcanzar 22.5% en el año 2022. Además, se establecía una cotización perpetua, ya que los jubilados aportarían 5% de sus pensiones para cobertura de enfermedades.

Viejos reclamos

Aunque los cambios en las pensiones hubieran afectado los salarios de los trabajadores, también parece que las manifestaciones se expandieron para incluir otras antiguas demandas.

El decreto de Ortega pareció desatar frustraciones pendientes que se han añejado en Nicaragua, donde el gobierno ha actuado con mano dura para impulsar los intereses de la familia de Ortega mientras silencia las protestas, algunas veces de forma violenta, y en otras ocasiones en equipo con simpatizantes del gobierno.

Líderes de la oposición y grupos de la sociedad civil también acusan a Ortega de manipular las elecciones para permanecer en el poder y de querer crear una dinastía familiar haciendo vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.

Las protestas también surgieron después de que el gobierno aprobó por vía rápida una ley en el 2013 donde se otorgaba a la empresa HKND de Hong Kong una concesión de 50 años, renovable a otros 50, para construir y operar un canal transoceánico en Nicaragua a cambio de un pago de 10 millones de dólares anuales una vez que esté en funcionamiento. La ley permite a HKND desarrollar proyectos complementarios como puertos, aeropuertos, caminos y un tren, incluso si el canal no llega a construirse.

¿Y ahora qué?

El domingo pasado, el gobierno de Ortega dio marcha atrás a los cambios en las pensiones e hizo un llamado a buscar soluciones al problema. Sin embargo, el presidente rechazó las demandas de liberar a los detenidos, retirar a la policía y levantar la censura.

Un día después, Rosario Murillo, vicepresidenta, desdijo a su esposo al prometer que el gobierno liberaría a los presos. La promesa no tuvo efectos, ya que la misma tarde del lunes hubo una multitudinaria manifestación en contra de la represión del gobierno y a favor del establecimiento de un diálogo para restituir la institucionalidad del país.

Los empresarios se mueven

La marcha fue convocada por el Consejo Superior de la Empresa Privada.

Los capitalinos marcharon de la rotonda Rubén Darío a las instalaciones de la Universidad Politécnica de Nicaragua, punto de resistencia de la juventud, portando banderas azul y blanco mientras hacían sonar cacerolas, trompetas y gritaban “¡Pueblo, únete!”.

A diferencia de las últimas marchas, que fueron reprimidas por la policía, integrantes de la Juventud Sandinista y grupos de motorizados, la del lunes transcurrió sin violencia.

“Aquí estamos los nicaragüenses diciendo basta ya de violencia. No más represión y violación a la Constitución”, afirmó la Esther Chavarría, arquitecta de 26 años.

Salida de Ortega

La Prensa, uno de los pocos periódicos críticos al gobierno del presidente Ortega, publicó una editorial el pasado lunes con la que pide la renuncia del mandatario: “Por primera vez desde el triunfo de la revolución sandinista de 1979, Daniel Ortega y el FSLN han perdido el control de las calles. Esto es un hecho trascendental que modifica el rumbo de la historia nacional. A partir de aquí, Nicaragua ya no podrá ser la misma”. En referencia al sector empresarial, La Prensa le pide: “Los empresarios también deben convocar a un paro nacional”. La editorial finaliza con una clara exigencia: “Daniel Ortega ya no tiene capacidad política ni autoridad moral para seguir gobernando. Ortega tiene que salir pacíficamente del poder o tendrá que irse como se fue Somoza”. El dictador Anastasio Somoza renunció y se exilió en Paraguay. El 17 de septiembre de 1980 fue asesinado en Asunción.

Reacción de un Cervantes

El escritor y expolítico nicaragüense Sergio Ramírez dedicó el lunes el mayor galardón de las letras hispanas, Miguel de Cervantes, a los fallecidos en las protestas contra la reforma de la seguridad social en su país.

“Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que, sin más armas que sus ideales, siguen luchando por que Nicaragua vuelva a ser República”, dijo Ramírez al recibir el premio de manos del rey Felipe VI de España.

Ramírez, que fue vicepresidente con Ortega al frente del gobierno nicaragüense entre 1985 y 1990, lució un crespón en la solapa durante la ceremonia en la Universidad de Alcalá de Henares, cerca de Madrid.

El escritor había participado el domingo en una protesta en el centro de la capital española para pedir el fin de la violencia en su país, a la que se refirió como “represión insostenible”.

Ramírez criticó a los caudillos “disfrazados de libertadores, que ofrecen remedio para todos los males”, los “caudillos del narcotráfico vestidos como reyes de baraja” y denunció “el exilio de cientos de miles de centroamericanos que van hacia la frontera de Estados Unidos”, así como “el tren de la muerte que atraviesa México con su eterno silbido de bestia herida”.

“Cerrar los ojos, apagar la luz, bajar la cortina, es traicionar el oficio”, señaló Ramírez.

Poder de facto

Las organizaciones empresariales dejaron en manos del arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, la responsabilidad de negociar con el gobierno el establecimiento de las condiciones para la instalación de una mesa de diálogo. Por su parte, el gobierno invitó a negociar al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), para buscar solución a la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social e invitó a Brenes como garante del mismo.

Pero el Cosep y otras organizaciones empresariales condicionan su participación a que la negociación incluya a representantes de diversos sectores, entre ellos los estudiantes que han liderado las protestas de los últimos días contra la reforma a la seguridad social.

Pocos saben de qué manera terminará la crisis, de lo que nadie duda es que Ortega es un dictador.