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Justicia de Perú prohíbe salir del país al expresidente Martín Vizcarra
Su destitución y la asunción al poder de Manuel Merino, el jefe parlamentario que asumió el martes, desataron masivas manifestaciones en Lima y otras ciudades, con saldo de una docena de heridos por la represión policial, condenada por organismos de derechos humanos.

La justicia peruana prohibió este viernes la salida del país por 18 meses al expresidente Martín Vizcarra, cuatro días después de que el Congreso lo destituyera por supuesta corrupción cuando era gobernador regional en 2014.
Su destitución y la asunción al poder de Manuel Merino, el jefe parlamentario que asumió el martes, desataron masivas manifestaciones en Lima y otras ciudades, con saldo de una docena de heridos por la represión policial, condenada por organismos de derechos humanos.
La jueza María Álvarez dictó "impedimento de salida del país contra el investigado Martín Vizcarra" por "18 meses", a pedido de la fiscalía que investiga las denuncias de que el exmandatario recibió 600.000 dólares en sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.
"Hemos dicho que nos quedamos" en el país, dijo a periodistas Vizcarra, que niega los cargos y cuestiona la legitimidad del gobierno de Merino.
El Congreso destituyó a Vizcarra por "incapacidad moral" el lunes, al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses.
Desde el martes miles de personas han salido a las calles de Lima y otras ciudades en defensa de este político sin partido ni bancada en el Congreso pero muy popular, y para protestar contra el gobierno de Merino.
En medio de una nueva manifestación el jueves, un grupo de personas que intentó llegar al Congreso se enfrentó con piedras y palos a la policía, que los dispersó con gases lacrimógenos y perdigones. Tras la movilización se reportaron ocho personas detenidas y una docena de heridas; dos por "armas de fuego".
La indignación seguía latente la tarde del viernes cuando cientos de jóvenes marcharon desafiantes a la residencia del primer ministro, Antero Flores-Aráoz en Lima.
Al ritmo de cacerolazos avanzaron decenas de cuadras con sus mascarillas -de uso obligatorio por la pandemia- hasta los alrededores de la vivienda donde un cerco policial les impidió seguir.
"Merino no es mi presidente", "¡Fuera ratas del Congreso!", se leía en los carteles que llevaban los jóvenes, que superaron el millar en una sorpresiva marcha.
Horas antes, Flores-Aráoz, conservador de viejo cuño de 78 años, los retó a que vayan a su casa porque no entendía sus demandas.
La represión del jueves provocó que organismos de derechos humanos alzaran su voz.
La Defensoría del Pueblo exigió "cesar de forma inmediata uso de gas lacrimógeno y perdigones contra ciudadanas/os que ejercen su derecho a manifestarse".
"Muy preocupantes los relatos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Perú. La policía debe garantizar el derecho de los peruanos a manifestarse pacíficamente y de la prensa a informar", indicó en Twitter José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.
Heridos por armas de fuego
La protesta en la céntrica plaza San Martín de Lima transcurrió de manera pacífica unas cuatro horas, hasta que una columna de manifestantes intentó acercarse al Congreso, símbolo de la ira de los peruanos por haber destituido a Vizcarra.
Dos veinteañeros fueron heridos "por armas de fuego", dijo el médico Jorge Amorós, del hospital Almenara de Lima donde ambos están internados.
"Aparentemente es un perdigón", dijo el ministro de Salud, Abel Salinas, sobre el proyectil que hirió a Percy Pérez Shapiama, de 27 años, quien recibió un impacto en el abdomen que perforó los intestinos y está grave.
Un fotógrafo de la AFP recibió impactos de perdigones en un brazo y una pierna en la marcha en la Plaza San Martín.
Las autoridades no han divulgado balances de lesionados ni detenidos, pero la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo que además de los dos jóvenes, otros 12 sufrieron heridas, entre ellas una que recibió perdigones en el rostro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, había expresado el jueves su "preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial".
También el representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, instó garantizar el derecho de la reunión, tras asegurar haber recibido "información inquietante" sobre el actuar de la policía.
La destitución de Vizcarra fue condenada también por el peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, quien señaló que "clarísimamente el flamante Congreso ha violado la Constitución con esta medida", en declaraciones al diario El Comercio desde Madrid.
De cara al primer juicio político, del que salió airoso el 18 de septiembre, Vizcarra solicitó al Tribunal Constitucional que definiera los alcances de la "incapacidad moral", porque la Constitución no lo precisa. El fallo se conocerá el 18 de noviembre.
rrg