La máxima dirigente de Hong Kong, Carrie Lam, aplazó un año las elecciones del 6 de septiembre para la legislatura de la ciudad debido a un aumento en los nuevos casos de coronavirus Covid-19, lo que supone un golpe para los candidatos prodemocracia de la oposición que aspiraban a conseguir más votos en los comicios.

La oposición pretendía aprovechar la ola de descontento por la nueva ley de seguridad nacional que impuso Pekín en la ciudad el 30 de junio para hacerse con mayoría en el Consejo Legislativo, donde la mitad de los escaños son elegidos directamente y la otra mitad está ocupada en su mayoría por personas nombradas por Pekín.

El aplazamiento anunciado este viernes se produce después de que 12 candidatos prodemocráticos fueran descalificados para presentarse a las elecciones, por razones que incluyen la percepción de intenciones subversivas, la oposición a la nueva ley de seguridad y hacer campaña para obtener una mayoría de bloqueo en materia de legislación.

Lam, quien dijo que las elecciones se celebrarán el 5 de septiembre del próximo año, dijo a los periodistas que era la decisión más difícil que había tomado en siete meses y que tenía como objetivo salvaguardar la salud de la gente.

Tenemos 3 millones de votantes saliendo en un día por todo Hong Kong, y tal flujo de personas causaría un alto riesgo de infección", dijo Lam.

Lam, que cuenta con el apoyo de Pekín, dijo que tuvo que invocar una ley de emergencia para ejecutar el aplazamiento y que no hubo consideraciones políticas en la decisión. El parlamento de China decidiría cómo llenar el vacío legislativo causado por esta decisión.

Habrían sido las primeras elecciones oficiales en la antigua colonia británica desde que Pekín impuso la ley de seguridad para hacer frente a unos delitos que China define de manera genérica como secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, con penas de hasta cadena perpetua.

Hong Kong volvió al Gobierno chino en 1997 con una garantía de autonomía, pero observadores críticos con su gestión consideran que la nueva ley socava el alto grado de autonomía de la ciudad gobernada por China y la coloca en una senda más autoritaria.