La fiscalía chilena abrió el viernes una investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera por la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de sus hijos, operación por la que apareció en los Papeles de Pandora.

"El fiscal nacional [Jorge Abbott], con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los "Pandora Papers" y que en definitiva tienen relación con la compraventa de la minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del presidente Piñera", informó la jefa anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.

Horas después, el presidente dijo que no comparte la decisión de la fiscalía, que no ha cometido irregularidades y que demostrará su "total inocencia".

"Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia", declaró Piñera, cuyo mandato culmina el 11 de marzo de 2022.

Piñera, uno de los gobernantes que aparece en la investigación de los Papeles de Pandora, había negado el lunes que tuviera un conflicto de intereses en la venta de la minera en 2010 a uno de sus amigos más cercanos.

Herrera indicó que el fiscal nacional abrió la causa al presidente porque "los antecedentes podrían revestir caracteres de delito de cohecho, con su correlato de soborno, [y] eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación".

La pena por cohecho son cinco años de prisión, dijo Herrera, quien además negó que la venta de la miera sea "cosa juzgada".

Agregó que dada "la gravedad de los hechos investigados", la causa estará a cargo de un fiscal regional, en vez de uno local. Abbott designó a Claudia Perivancich, de la región de Valparaíso.

Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo de Piñera, por 152 millones de dólares, en un negocio realizado en las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación agrega que el pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".

El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona en la que estaba previsto que fuera la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.