Bogotá. Los exguerrilleros colombianos que se sumaron en el 2016 a un acuerdo de paz, pero acabaron recayendo en actividades ilegales, han aumentado hasta cerca de un tercio del total de combatientes desmovilizados.

Con el pacto, que llevó cuatro años de negociaciones, Colombia intentó acabar con un conflicto de medio siglo convirtiendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un partido político, garantizando escaños para sus candidatos en el Congreso y concediendo amnistías para algunos tipos de delito.

Pero la sociedad está dividida entre los que están dispuestos a perdonar y los que buscan que los rebeldes queden tras las rejas para pagar por los asesinatos y violaciones a los derechos humanos cometidos en una guerra interna que ha cobrado 260,000 vidas.

Como parte del acuerdo, más de 6,000 combatientes del que era el grupo insurgente más grande de Latinoamérica, dejaron las armas. Sólo unos 300 miembros decidieron, entonces, en noviembre del 2016, seguir en la clandestinidad.

Hoy el gobierno calcula que los remanentes del grupo que operan en las selvas y montañas colombianas crecieron hasta 2,300, en gran parte gracias a los disidentes, pero también por nuevos miembros. Tan sólo desde fines del 2018, la cifra aumentó más de 30%, según el informe de inteligencia.

La seducción del narcotráfico

El reporte destaca que los excombatientes volvieron a las armas por los millonarios recursos del narcotráfico y la minería ilegal. Y consideró a las disidencias como “un riesgo para la seguridad”.

Dirigentes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común —el partido conformado por las FARC— han advertido que algunos de los motivos que llevan a muchos a volver a la clandestinidad son las demoras en la implementación del acuerdo de paz y el asesinato de 139 excombatientes desmovilizados desde finales del 2016.