La Corte Suprema negó entrar en la controversia nacional sobre los dreamers, rechazando la petición del gobierno de Trump para revisar de manera rápida un fallo de una corte federal que reactivó el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que fueron traídos al país cuando eran niños.

El pasado septiembre, Trump anunció el fin de DACA, pero dio al Congreso hasta el 5 de marzo para encontrar una solución para regularizar el estatus de los dreamers. Poco después, condicionó la firma de una ley a un marco de principios que incluye un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de dreamers, $25,000 millones para aumentar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración legal, cancelar la lotería de visas, eliminar la inmigración indocumentada, acelerar las deportaciones y construir el muro en la frontera con México.

Trump reaccionó a la decisión  diciendo: “Veremos qué ocurre, ésa es mi actitud”.

En una declaración oficial, la Casa Blanca no criticó a los jueces por negarse a tomar el caso, pero dijo que el programa DACA “es claramente ilegal”.

Sin un precedente nacional, sigue en vigor la decisión del juez William Alsup, de la corte del distrito de California, quien en enero ordenó a Trump que reactivara el programa para todo EU y siguiera recibiendo solicitudes de renovación hasta que se resuelvan todos los litigios pendientes.