Lima. Tras concluir el análisis de la Corte Suprema del Perú sobre el requerimiento de extradición del expresidente peruano, Alejandro Toledo Manrique, desde Estados Unidos, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia emitirá su pronunciamiento el próximo 13 de marzo.

Alejandro Toledo quien gobernó entre el 2001 y el 2006 es acusado de haber recibido un soborno de 20 millones de dólares de la compañía brasileña Odebrecht, su caso es otro capítulo de un escándalo que ha salpicado también a otros tres ocupantes de la silla presidencial, incluido el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

“El Ministerio Público cuenta con suficiente arsenal probatorio que, desde su perspectiva, probaría cada uno de los tres delitos por los que requieren la extradición (delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado)”, aseguró el fiscal supremo Abel Salazar Suárez, durante la audiencia.

La orden de extradición la dictó el 19 de febrero el juez Richard Concepción Carhuancho, quien también mantiene en prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) por el supuesto aporte de 3 millones de dólares Odebrecht a su campaña electoral.

La empresa brasileña, que ha optado por cooperar con la justicia, ha revelado que pagó 29 millones de dólares en Perú entre el 2005 y el 2014 a lo largo de tres gobiernos, pero los abogados de Toledo dicen que el expresidente es inocente.

El abogado del exmandatario, Roberto Su Rivadeneyra, puntualizó que el requerimiento carece de pruebas suficientes, razón por la cual pidió al colegiado que declare improcedente el pedido.

“Hasta el día de hoy la justicia le ha cerrado las puertas a Toledo. He escuchado el relato del representante del Ministerio Público que no tiene argumentos jurídicos para sustentar este proceso de extradición, porque lo que ha relatado es un drama, es una hipótesis legal”, concluyó Su.

Juicio contra expresidente

En una corte de Florida, inició el juicio civil en contra del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por su presunta participación en la muerte de más de 50 personas durante los disturbios del 2003, que propiciaron la llegada al poder del actual mandatario Evo Morales. El entonces ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín, también es juzgado.

El juicio que se desarrollará entre cuatro a cinco semanas pasa a la historia por ser la primera vez que un expresidente es procesado en Estados Unidos por abusos de derechos humanos, de acuerdo con el Center for Constitutional Rights, que representa a los demandantes.