Pekín. Puntos extra por donar sangre, pero una puntuación baja por pasear al perro sin correa. China puso a prueba un polémico sistema que recompensa o penaliza el comportamiento de los ciudadanos, que prevé generalizar el año próximo.

En el país existe el dispositivo que, aún en preparación, hace temer la existencia de una sociedad con mayor control por parte del Partido Comunista que permanece en el poder.

Varias provincias o municipios del país ya establecieron estos sistemas de calificación, pero muchos ciudadanos están confundidos. Falta coordinación y difieren de un lugar a otro las recompensas y las penalizaciones, así como los criterios de evaluación.

En Pekín se pierden puntos por comer en el metro y en Shanghai por pasear al perro sin correa.

En la capital, los ciudadanos que reciban un puntaje muy elevado podrían tener ventajas para obtener un empleo como funcionario o un lugar en el kínder.

Pero en Qinghuangdao, 300 km al este, la recompensa sería un “certificado de ciudadano modelo” o un examen médico anual gratuito.

El gobierno central pretende crear en el 2020 el sistema de “crédito social” en todo el país. Pero “no habrá un sistema de puntos único para todos los ciudadanos, es un mito”, afirma Jeremy Daum, especialista en derecho chino en la universidad de Yale.

Ni se enteran

En el 2018, los tribunales chinos emitieron 17.46 millones de prohibiciones de abordar un avión y 5.47 millones de tomar el tren de alta velocidad, según el Centro de Información Nacional del Crédito Social.

No es fácil para un ciudadano conocer su nota. A veces se enteran por casualidad.

“Uno de los problemas con los actuales experimentos de crédito social en China es que la mayoría de la gente no sabe que está en una lista negra”, dice Zhu Lijia, profesora de la Academia de Administración Pública de China.

Las autoridades intentan convencer a la gente de que no se vulnerarán sus derechos. “El sistema no servirá para sancionar a las personas”, aseguró en junio Lian Weiliang, vicepresidente de la Comisaría de Planificación. Pero defensores de derechos creen que el sistema de crédito social puede darle al gobierno más medios para sofocar la disidencia.