Washington. El presidente Joe Biden prohibió el día de ayer 16 de noviembre, el ingreso a Estados Unidos del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, de su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, así como de una amplia lista de ministros y funcionarios.

"La represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan exigen que Estados Unidos actúe", afirma Biden en una proclama.

En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados.

"He tomado la decisión de que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso" al país de "miembros del gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, incluida su esposa y vicepresidente Rosario Murillo y todos aquellos vinculados a actos que atentan contra las instituciones democráticas del país", agregó Biden.

La larga lista de personas no gratas incluye a legisladores, alcaldes y miembros de su gabinete a los que acusa de haber "violado los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos", así como serie de altos funcionarios de la policía, seguridad, organismos gubernamentales, servicios penitenciarios, del poder judicial y del Ministerio del Interior.

Además, figuran otras personas que contribuyeron a los hechos denunciados por Washington.

Las esposas e hijos de los sancionados también tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense.

El lunes, Estados Unidos ya había impuesto sanciones a varios altos cargos nicaragüenses en respuesta a la "farsa electoral" y como "mensaje inequívoco" para Ortega y Murillo.

En 2019 el gobierno del expresidente Donald Trump ya había impuesto sanciones a altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Murillo, tres de los hijos de Ortega y la policía por actos de corrupción y violación de derechos humanos.

Adiós a la OEA

Daniel Ortega planea retirar a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que la Asamblea General del organismo desconoció la elección.

El Parlamento, controlado por la gobernante exguerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), instó a Ortega, "en su condición de jefe de Estado (...) a que denuncie la Carta de la OEA". El pedido fue aprobado por 83 de 87 diputados. Denunciar la Carta implica retirarse del organismo.

La declaración se adoptó "ante las reiteradas acciones injerencistas de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua", dijo el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, quien pidió al Ejecutivo gestionar el retiro del organismo a través de los mecanismos establecidos.

El artículo 143 de la Carta de la OEA permite a un Estado miembro renunciar mediante una notificación, en un proceso que dura dos años.

"Estamos contentos", dijo Murillo. El pedido del Congreso "ratifica nuestra exigencia de respeto a las decisiones soberanas y dignas de nuestro pueblo y el principio de no injerencia en nuestros asuntos propios", agregó.

Un proceso similar inició Venezuela en 2017.