A partir de los compromisos internacionales suscritos por México en materia de combate a la corrupción y a la delincuencia organizada, se identificó la necesidad de incluir en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) un capítulo específico para responsabilizar penalmente a las personas jurídicas, en aquellos delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización.

En el CNPP se regula la forma en la que serán investigadas, imputadas, vinculadas a proceso y, en su caso, sancionadas penalmente las empresas que no cumplan con la obligación de establecer efectivos controles para la prevención del delito.

Esto implica que las empresas que no establezcan controles al interior de su organización destinados a la prevención del delito, conforme los riesgos penales de sus procesos de negocio, o que teniéndolos no puedan probar a la autoridad penal que existen y que son eficaces, serán penalmente responsables, con independencia de la responsabilidad penal que resulte para las personas físicas, cuando éstas cometan delitos a nombre de la empresa, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen.

El Ministerio Público está facultado, dentro de la etapa de investigación, para asegurar bienes o cuentas bancarias a la empresa denunciada y para solicitar al juez de control la aplicación de alguna o varias de las medidas cautelares consistentes en la suspensión de actividades, clausura temporal de los locales o establecimientos, así como la intervención judicial.

Incluso, de considerarse penalmente responsable la persona jurídica por el hecho de no contar con controles efectivos en la prevención de delitos al interior de la organización, o bien, por el hecho de no poder probar a la autoridad penal de su existencia previa y efectiva aplicación en el transcurso del tiempo, podrían aplicársele en sentencia definitiva diversas consecuencias jurídicas que van desde sanciones pecuniarias o multas hasta suspensión de actividades, clausuras, inhabilitaciones e incluso la disolución.

Peor que las sanciones penales o medidas cautelares que se les pudieran imponer a las personas jurídicas, el daño que un procedimiento de esta naturaleza pueda causar en la imagen o reputación de las empresas es enorme.

Un programa de compliance penal sustentado en las buenas prácticas internacionales (ver norma española UNE 19601) para mantener un debido control dentro de la organización, tendiente a la prevención del delito por parte de empleados, administradores o representantes de las personas jurídicas, mitigaría considerablemente los riesgos y fomentaría la cultura de la integridad al interior de las mismas.

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