El reto en México de incentivar la inversión privada

“El objetivo social de la inversión inteligente debería ser vencer las fuerzas oscuras del tiempo y la ignorancia que envuelven nuestro futuro”. John Maynard Keynes.

La discusión pública reciente sobre el desempeño económico de México se ha caracterizado por reaccionar frecuentemente ante los factores externos, particularmente la incertidumbre asociada a la política comercial de Estados Unidos. Sin embargo, una revisión de los datos apunta a que el reto principal no proviene de afuera, sino que es interno y está asociado a la debilidad persistente de la inversión y, en consecuencia, del crecimiento. 

México pareciera enfrentar una paradoja: por un lado, es evidente que se beneficia potencialmente y de forma real de tendencias globales favorables a la relocalización de cadenas de suministro hacia América del Norte; por otro, el país no ha podido traducir estas oportunidades en una expansión sostenida del PIB ni del PIB per cápita.

En el artículo “Mexico must unleash its private sector”, publicado en “The Economist”, se plantea esta paradoja y se identifica el centro del problema en la insuficiencia de la inversión privada, más que en los factores políticos externos.

En el artículo se desarrollan tres argumentos centrales. Primero, el entorno externo de México es, en términos relativos, favorable. El nearshoring ha impulsado la relocalización de actividades productivas hacia América del Norte y México se ha consolidado como el principal socio comercial de EUA. Las exportaciones han mostrado cierto dinamismo, alcanzando incluso recientemente un superávit comercial. La inversión extranjera directa ha aumentado en un contexto global adverso, si bien este incremento es, de manera relevante, resultado de adquisiciones importantes de empresas mexicanas por parte de inversionistas extranjeros y no tanto de una inversión extranjera sistemática en nueva actividad productiva.

Pese a estos elementos positivos, ello no se ha traducido en un crecimiento robusto del PIB. La economía mexicana ha mostrado un desempeño débil, con un crecimiento de apenas 0.8% el año pasado y un promedio cercano al 2% en las últimas dos décadas. Además, el PIB per cápita ha retrocedido a niveles observados años atrás.

El segundo argumento es que los principales obstáculos al crecimiento son internos y, en buena medida, se deben a decisiones de política pública. El artículo identifica varios factores: cambios institucionales que incrementan la incertidumbre jurídica (como la reforma del poder judicial), el debilitamiento o la eliminación de organismos reguladores independientes y el reposicionamiento del control estatal en sectores estratégicos, como el energético.

A ello se suman, además, tanto un entorno de inseguridad persistente en muchas ciudades y regiones del país como prácticas fiscales que privilegian la presión sobre los grandes contribuyentes en lugar de una reforma integral del sistema tributario. Desde la perspectiva de muchos inversionistas extranjeros, esto erosiona la confianza y desincentiva la formación de capital.

El tercer argumento se refiere a los cuellos de botella estructurales que inhiben la inversión. Destacando, en este sentido, por un lado, el tamaño de la economía informal, que comprende más de la mitad de la fuerza laboral; y, por otro, las deficiencias estructurales en la generación y distribución de energía eléctrica, en las que la falta de inversión derivada de restricciones a la participación privada ha limitado la expansión de la actividad económica.

Las conclusiones del artículo son que México no enfrenta una crisis macroeconómica tradicional; que el país cuenta con estabilidad monetaria, un banco central (aún) creíble y un tipo de cambio flexible. Pero el factor de riesgo es el bajo crecimiento.

El principal desafío de la política pública actual es revertir la debilidad de la inversión. Existen iniciativas en la estrategia económica del gobierno, como incentivos fiscales para ciertas inversiones y proyectos de apoyo a la investigación y la capacitación, pero resultan claramente insuficientes si no se abordan los problemas estructurales de fondo.

Atacar la informalidad, una reforma fiscal más universal con soporte en impuestos al consumo; simplificar la regulación y el sistema fiscal para facilitar la formalización y la inversión, y abrir de manera más decidida ciertos sectores, como el energético, a la inversión privada, son caminos que pueden ayudar al crecimiento sostenido de la economía y al efecto de distribución que este gobierno ha marcado como prioritario.

En el caso de México, si se desea aprovechar plenamente las oportunidades del nearshoring, no basta con contar con ventajas geográficas o comerciales. Es indispensable generar un entorno de certidumbre e incentivos alineados que favorezcan la inversión privada. Esto implica, en términos concretos, reducir la carga regulatoria, fortalecer el Estado de derecho y rediseñar los sistemas de seguridad social y fiscal para incentivar la formalización.

México corre el riesgo de desperdiciar (o, al menos, no aprovechar plenamente) esta oportunidad histórica. El entorno externo es favorable, pero las restricciones internas limitan su aprovechamiento. La clave está en liberar el potencial del sector privado mediante un rediseño integral de los incentivos económicos e institucionales. De no hacerlo, el país podría quedar atrapado en un equilibrio de bajo crecimiento que, aunque estable, resulta insuficiente para mejorar significativamente el bienestar de la población.