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Ganaderos de Jalisco buscan destrabar rastro TIF de Acatlán
Productores y gobiernos estatal y federal negocian una salida al conflicto legal que mantiene estancado el proyecto por más de una década.

Foto EE:
Guadalajara, Jal. Una inversión superior a los 100 millones de pesos permanece detenida desde hace más de una década en Jalisco, debido a un conflicto legal que mantiene estancado el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) de Acatlán de Juárez, comentó a El Economista, Antonio Ruelas Pérez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Jalisco (UGRJ).
Explicó que el proyecto fue financiado con recursos de productores, del gobierno estatal y mediante préstamos del gobierno federal. Sin embargo, algunas de las dependencias que participaron en el financiamiento no recibieron los pagos correspondientes, lo que derivó en desacuerdos con algunos socios y posteriormente en una serie de demandas.
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Ruelas Pérez explicó que actualmente existe una negociación con las dependencias involucradas para resolver el conflicto, aunque reconoció que el proceso es impredecible debido a las distintas instancias legales y negociaciones que se han presentado.
“De pronto creen que ya ganaron y sale otra instancia, otra negociación”, señaló el dirigente ganadero, quien manifestó su expectativa de que el problema pueda destrabarse antes de que concluya el actual sexenio.
Competitividad
Precisó que el rastro TIF de Acatlán de Juárez cuenta con capacidad para sacrificar hasta 600 cabezas de ganado por día, lo que permitiría ampliar las opciones de comercialización para los productores jaliscienses.
Además, dijo, la certificación Tipo Inspección Federal es importante debido a que permite que la carne pueda comercializarse con grandes cadenas de autoservicio y tiendas departamentales, además de abrir la posibilidad de exportación.
“Al sacrificar ahí puedes vender a tiendas departamentales, a Costco, Walmart, Aurrerá, e incluso puedes exportar”, precisó Ruelas Pérez.
De acuerdo con el presidente de la UGRJ, actualmente existe voluntad de los tres sectores —productores, gobierno estatal y gobierno federal— para poner nuevamente en operación la infraestructura, aunque el principal obstáculo continúa siendo la resolución de las demandas.
Aunque el rastro no opera, los equipos permanecen resguardados y reciben mantenimiento para evitar su deterioro.

