Sin bien la reciente reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios tiene como intención ayudar a las economías locales y tener mayores márgenes de maniobra contra el Covid-19, también puede provocar que se genere un peor escenario para el 2021, debido a que aumentará la presión en los gobiernos estatales en el pago de la deuda, aseguró el secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza.

De acuerdo con el funcionario, la reforma aprobada este lunes en la Cámara de Diputados (que permite a los gobiernos locales, sin tener que pedir autorización de los Congresos locales, poder contratar y reestructurar financiamientos ante situaciones de emergencia) se enfoca en enfrentar los retos del 2020 y “no se toma en cuenta que la pandemia puede extenderse hasta el 2021 o muchos años más, sumado a que se pueden dar nuevos cierres de actividades económicas”.

Otro factor negativo que agudiza la situación, dijo, es que en el 2021 habrá una merma en las transferencias federales; “todos estos factores pueden provocar que las entidades lleguen a un punto de endeudamiento de no retorno, porque la deuda libera presiones para el 2020, pero es más difícil en los siguientes años”.

“Si bien estas reestructuras liberan presión de flujo de efectivo en el 2020, esto puede provocar una mayor presión para el 2021. Estamos en un escenario de un presupuesto federal que se vislumbra adverso a estados y municipios, con menores participaciones y aportaciones federales asignadas, sin Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas que compense una caída de ingresos federales como el de este año, sin un plan claro económico y de atención a la pandemia en caso de rebrotes”, explicó Maldonado Mendoza.

Precisó que por la reforma se vislumbra la posibilidad de diferir de manera total o parcial el pago de capital e intereses de seis meses para el caso de deuda de corto plazo y 12 meses para la de largo plazo; aunque, ahondó, la parte negativa es que no se contempló a las administraciones salientes, las cuales tendrán que ver cómo puedan reunir recursos para pagar los endeudamientos actuales.

“Para el caso de las administraciones que concluyen el próximo año, como  Michoacán, se considera que la reforma queda limitada al no brindar la flexibilidad y disponibilidad de recursos que la emergencia actual exige. Las obligaciones de corto plazo deben ceñirse normativamente a lo señalado en la Constitución, por lo que deben de quedar liquidadas a más tardar tres meses antes de concluir la gestión de gobierno”, acentuó.

“Preocupan los tiempos y el posible beneficio que se pudiera acceder en términos de reducir la presión al flujo de efectivo (...) Otro punto que se suma es la parte de contratación de deuda pública con la banca de desarrollo, ya que solamente se aplican facilidades para este sector, mientras que a la banca comercial se deja de lado. Por ello, se generan criterios desiguales entre las bancas”, añadió.

Ampliar plazos

Carlos Maldonado, sin dejar de reconocer que la intención de la reforma fue positiva, refirió que durante las reuniones con sus homólogos y los foros que se hicieron para modificar la Ley de Disciplina Financiera, Michoacán propuso ampliar los plazos en el pago de deudas, ya que había administraciones salientes.

“Además de que no solamente con adquirir deuda se puede enfrentar la pandemia, ya que se ejerce presión para los siguientes años”, indicó.

“Michoacán propuso en distintos foros poder ampliar el plazo de dichas deudas hasta 36 meses, bajo una reestructura o refinanciamiento con las condiciones financieras y contractuales supervisadas por la propia SHCP y con Banobras, acogiéndose a la opción que ya brinda la ley para este sector bancario, aunque ello es claro que dependía adicionalmente de una reforma constitucional”, reiteró.

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