Querétaro, Qro. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción anunció la detención de tres servidores públicos de la administración municipal de Colón, por  la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la dependencia,  las aprehensiones derivaron de la denuncia presentada por una regidora de la administración y datos de prueba otorgados por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) obtenidos de la revisión realizada en la cuenta pública 2017, por lo cual se inició carpeta de investigación que concluyó con su judicialización y obtención de orden de aprehensión judicial en contra de los tres imputados.

“Tres servidores públicos de la actual administración del municipio de Colón fueron detenidos esta tarde dando cumplimiento a la orden judicial, al existir evidencias respecto a la comisión del delito de corrupción, señalado en el Código Penal del estado como tráfico de influencias”, se lee en la misiva.

El documento señala que con base en diversas evidencias es posible estimar que el delito representa un presunto daño y/o perjuicio al erario público que supera los 40 millones de pesos.

“Con la información anterior y en suma a los datos de prueba que la Fiscalía Anticorrupción recabó durante la etapa de investigación, permitió que se obtuvieron de un juez de control, las órdenes de aprehensión correspondientes por el delito de tráfico de influencia. Mismas que fueron cumplimentadas esta tarde (de jueves), por el grupo de la Policía Anticorrupción. Una vez que se dieron cumplimiento a los mandatos de captura, con pleno respeto a sus derechos humanos, los imputados han sido puestos a disposición del Juez de la causa, ante quien escucharan los cargos de la Fiscalía Especializada les imputa y así se les vincule a proceso”.

De manera extraoficial se ha dado conocer que entre los servidores públicos, se encontraría el presidente municipal de Colón.

El Código Penal del estado define que comete el delito de tráfico de influencias el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite, promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos o cualquier acto ajeno a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, para obtener beneficios económicos para sí o para cualquier persona.