Cancún, QR. El gobierno de Roberto Borge Angulo dilapidó patrimonio del estado de Quintana Roo equivalente a seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún o 24 veces las dimensiones de Isla Mujeres, para beneficiar a familiares cercanos, empleados o allegados de su familia, aseguró en conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la entidad (QR), Rafael Antonio del Pozo.

A través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE) de Quintana Roo, el exgobernador remató terrenos de propiedad pública a precios muy por debajo de su valor comercial durante su mandato.

Entre los beneficiarios se encuentran accionistas de la empresa naviera Barcos Caribe, vinculada al exmandatario, de quienes además se solicitó que sean investigados por haber realizado operaciones superiores a los 7 millones de dólares para la compra de tres barcos con los que dicha empresa opera el cruce de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel.

Rafael Antonio del Pozo hizo señalamientos puntuales en contra de la extitular del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, y el propio exgobernador Borge Angulo, como responsables de la venta de terrenos que por ley debieron ser empleados en desarrollo social o de vivienda; pero, por el contrario, se enajenaron a particulares, lo cual constituye el delito de desvío de recursos públicos.

Dichas operaciones se realizaron sin respetar la normatividad estatal, pero sobre todo se fijaron precios de venta muy por debajo del valor real, que en algunos casos no alcanzó ni siquiera a 1% de éste , precisó.

El IPAE enajenó durante la administración de Borge Angulo un total de 9,500 hectáreas, del patrimonio territorial de la entidad. Para tener una dimensión de dicha superficie, la misma equivale a más de seis veces la superficie total de la zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie de Isla Mujeres , aseguró el funcionario.

Desglosado por municipios, el IPAE vendió 7% de la reserva territorial del municipio de Bacalar; 10% del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 23% de Cozumel, 20% de Tulum, 36% de Benito Juárez, 52% de Solidaridad y 60% del recién creado municipio de Puerto Morelos.

Antonio Del Pozo indicó que además de las denuncias interpuestas por estos hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como ante la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, están solicitando a las autoridades hacendarias del gobierno federal hacer las indagaciones pertinentes para comprobar si los accionistas de Barcos Caribe tienen en realidad la capacidad económica para la compra de predios y barcos, estos últimos con costos superiores a los 7 millones de dólares en el mercado.

Estas personas están relacionadas laboral y profesionalmente desde hace muchos años con el gobernador Roberto Borge Angulo y su familia (...) .

Por considerar que los hechos pueden cuadrar en diversas conductas y dañar el patrimonio del estado, el gobierno de Quintana Roo los ha denunciado ante la PGR y la Fiscalía del estado de Quintana Roo, que ya han iniciado las investigaciones correspondientes , expuso el secretario.

Por último, comentó que esta acción se deriva del reclamo social de justicia y va encaminada a recuperar el patrimonio de los quintanarroenses. El que la hace la paga , sentenció.

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