Ven desafíos para concretar nuevas plantas de energía renovable

Los permisos de generación para 12 parques fotovoltaicos y seis eólicos, con una capacidad conjunta de 3,475 megawatts que el gobierno firmó con 14 empresas el 19 de diciembre no garantizan que los proyectos consigan entrar en operación, puesto que todavía pueden faltar la definición de socios para construcción y puesta en marcha, así como contratos de compra y venta de energía y esquemas de financiamiento en los tiempos previstos, detallaron expertos a El Economista.

De acuerdo con Víctor Ramírez Cabrera, experto en el sector eléctrico mexicano, el que los proyectos para el desarrollo de 2,451 megawatts fotovoltaicos y 1,023 megawatts eólicos hayan sido seleccionados en la convocatoria de atención prioritaria no significa que se concretarán, ya que todavía requieren de acuerdos bilaterales de venta de su energía y un anclaje financiero que no está asegurado aún.

“En la parte financiera más bien dependerá de los acuerdos bilaterales de compra de energía que logren las empresas, recordemos que en esta convocatoria es diferente a las subastas anteriores, esto sólo es para obtener el permiso, ahora las empresas deberán buscar los acuerdos bilaterales adecuados y no quiere decir que estén seguros”, dijo a El Economista.

Sin embargo, una de las condiciones técnicas de estos proyectos era la factibilidad de interconexión y la convocatoria estuvo pensada para planes que tenían ya cierto avance, que estaban desarrollados y en las zonas en las que se sabía que había un déficit mayor de energía. Por ejemplo, las zonas con mayor demanda de estos proyectos son la Península de Yucatán y Occidente, eso los hace técnicamente viables.

Carlos Flores, especialista en energía de la Egade Business School explicó que el hecho de que los proyectos hayan sido asignados no garantiza su ejecución, y es poco probable que el 100% de éstos realmente llegue a construirse, lo que desde su punto de vista no invalida el ejercicio del gobierno pero sí sugiere que las expectativas deben ser moderadas y realistas, ya que los resultados del proceso revelan que aún existe desconfianza de inversionistas tras el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Este proceso minimiza el riesgo regulatorio, sí, pero los proyectos siguen teniendo riesgos de otras índoles como financieros, sociales, ambientales y de interconexión. Por ello es razonable anticipar que en este primer proceso no se logrará el objetivo anunciado por Sener, aunque este podría alcanzarse sumando convocatorias o rondas posteriores”.

También explicó que la participación se concentró con empresas desarrolladoras que si bien tienen experiencia en el desarrollo en México, muy difícilmente construirán, por ellas mismas, los proyectos. Y para el éxito de los parques será clave que los participantes rápidamente consigan a una empresa generadora que les adquiera el desarrollo y lo lleve hasta su ejecución.

Los grandes proyectos

Los parques más grandes que recibieron un permiso fueron: dos fotovoltaicos llamados “La Alegría” y “La Esperanza”, en Campeche con capacidades de 694 y 350 megawatts respectivamente, de SunStone Power, compañía con oficinas centrales en Shenzhen, China; también el eólico “Panabá 8” de 252 megawatts a ubicarse en este municipio de Yucatán en manos del desarrollador español Elecnor, con sede en Bilbao.

Otros grandes parques con permiso son: “Central Energía Solar Herrera” en el municipio de Tecali de Herrera, Puebla, con 231 megawatts fotovoltaicos desarrollados por la empresa Energía Solar Herrera; la central eólica “Zapoteca” de 200 megawatts en Juchitán, Oaxaca, de la empresa Zapoteca de Energía que ya desde el 2015 buscaba apartar capacidad de transmisión en la red para sus parques en las temporadas abiertas que promovió la extinta Comisión Reguladora de Energía; el parque eólico de 208 megawatts “Vientos del Caribe” en Othon P. Blanco, cerca de Chetumal en Quintana Roo, que tendría una inversión estimada de 181 millones de dólares.

Y entre las firmas detrás de algunas desarrolladoras están Dhamma Energy, que es parte de la filial energética de la petrolera italiana Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), y la filial mexicana de la española Iberdrola, Green Park Energy.