A un año de la reforma de plataformas digitales, menos del 15% accede al IMSS

La reforma laboral para regular el trabajo en plataformas digitales presenta una cobertura restringida en seguridad social a más de un año de su diseño normativo, con niveles de afiliación que oscilan entre 4.6% y 8.4% en mujeres, y un tope máximo de 14.5% en hombres. Las barreras económicas impuestas por los factores de exclusión, la falta de reconocimiento al tiempo de espera y la gestión algorítmica mantienen a la mayoría de las personas repartidoras bajo la figura de trabajadores independientes.

Durante el foro de evaluación realizado en el Congreso de la Ciudad de México, legisladores, autoridades laborales, representantes sindicales, colectivos de base y la academia presentaron los balances operativos y las demandas pendientes en torno a este marco legal.

Rosario Aparicio, investigadora del Colegio de México (Colmex) detalló que el modelo normativo vigente estratifica a los repartidores al aplicar factores de exclusión que reducen el ingreso bruto antes de fijar la cotización social; estos factores se fijaron en 60% para automóviles, 50% para motocicletas y 15% para bicicletas o entregas a pie durante la prueba piloto.

Para alcanzar el equivalente al salario mínimo neto vigente y obtener cobertura plena en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un trabajador en automóvil debe generar casi 21,000 pesos brutos mensuales, uno en motocicleta cerca de 17,000 pesos y quien reparte a pie o en bicicleta alrededor de 10,000 pesos. Aparicio precisó que apenas 10% de la fuerza laboral en plataformas son mujeres, quienes enfrentan mayor precariedad por entregar a pie y evitar horarios nocturnos debido a la inseguridad.

"El ingreso no depende únicamente de las horas trabajadas, sino de la gestión algorítmica. Si el algoritmo penaliza o asigna viajes o pedidos de bajo valor, es imposible alcanzar los montos requeridos", señaló la investigadora.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales del Congreso capitalino, Juan Rubio Gualito, puntualizó que la legislación debe transitar del plano formal a la exigibilidad patronal en territorio.

"Ya tenemos las leyes. Tenemos un salario que se incrementó 156% que nos empieza a garantizar una vida digna para todas y todos. Ya lo tenemos en papel. Ahora vamos a caminar a cómo se van ejecutando esas cosas, cómo se va cumplimentando, cómo la parte patronal va cumpliendo", declaró el legislador.

Inés González Nicolás, titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, expuso que el modelo de plataformas exige seguimiento constante por parte de las autoridades de inspección frente al riesgo de reconversión de empleos tradicionales.

"Es un riesgo muy grande que el modelo de plataformas digitales que hoy vivimos pueda ser el modelo del futuro, pero también nosotros tenemos el deber de tener un modelo de lucha y un modelo de reivindicaciones de lo que nosotros merecemos", afirmó la funcionaria.

Desde la representación sindical, Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), recordó que la base de la negociación surgió del documento de piso mínimo y subrayó que el debate legal debe alinearse con los estándares internacionales.

"Ya no estamos en la discusión de si son o no son trabajadores, o si merecen o no merecen derechos, seguridad social. Hay que empezar a trabajar con lo que estipula este convenio 193 de la OIT, que establece muchos elementos que mejoran la reforma de plataformas", aseveró Guerrero.

En el análisis de las cadenas de valor, Carlos Salas Páez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, indicó que la entrega es solo la fase final de centros logísticos y de almacenaje, donde persiste opacidad en contratos y contratación colectiva de protección.

"Es indispensable implementar auditorías independientes a los algoritmos para realizar una autopsia del algoritmo y entender cómo evalúa a los trabajadores, cómo asigna los pedidos y cómo afecta sus salarios", advirtió Salas Páez.

Salvador Godínez González, integrante de la Alianza Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Plataformas, denunció que las compañías continúan con desconexiones unilaterales e incumplen con el reparto de utilidades (PTU) a quienes cubrieron el requisito legal de 288 horas laboradas.

"Aún a estas alturas seguimos padeciendo la precariedad laboral, porque las plataformas pareciera que tratan de hacer quedar mal a los trabajadores que impulsamos esta ley junto con el gobierno. Deberían habernos dado utilidades; Rappi sí dio utilidades, las demás plataformas ni siquiera comentaron nada al respecto", refirió Godínez.