La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), planteó a la Cámara de Diputados la necesidad de apoyar a las empresas, con el propósito de proteger a las y los trabajadores ante la emergencia por Covid-19. En reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro, el presidente de la Canacintra, José Enoch Castellanos, pidió que no se hagan los pagos provisionales tributarios para no restar liquidez a las empresas, debido a que no habrá utilidades.

“Debemos ver cómo se puede sacar adelante a las empresas y así proteger el trabajo de millones de mexicanos. La mejor política social es la económica, y con educación y empleo la gente de forma automática tendrá mejores niveles y desarrollo”.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de Canacintra, Miguel Angel del Toro, presentó a las y los diputados una serie de sugerencias planteadas por los asociados agrupados en el país, con el fin de contribuir a la subsistencia de las empresas e incentivar la recuperación económica de México.

Respecto al apoyo fiscal planteó el diferimiento del pago de impuestos de empresas y de seguridad social por 90 días sin actualizaciones y recargos, la suspensión temporal del pago de Impuesto Sobre la Renta propio y el retenido por los sueldos de los colaboradores, así como el procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA.

Asimismo, se consideró combatir la evasión fiscal y promover la incorporación a la formalidad para generar competencia entre todos los agentes económicos, y promover la incorporación de contribuyentes a la formalidad a través de mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

En el ámbito de las medidas crediticias, se sugirió que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca comercial a las micro, pequeñas y medianas empresas con tasas de interés blandas y buscar que los créditos a la palabra contribuyan a formalizar a los beneficiarios.

Finalmente, refirió que es necesario promover el gasto público y privado en infraestructura, orientar los recursos públicos para aquellas actividades que generan un mayor valor y que mejoren la eficacia y desempeño del gobierno, promover un ejercicio oportuno de los recursos e impulsar una mayor transparencia en materia de ingresos y gastos.

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