La multinacional Uber envió al Estado colombiano una notificación sobre su intención de adelantar un millonario pleito internacional tras la decisión del gobierno de bloquear la plataforma de la empresa en el país.

Cabe destacar que a finales de diciembre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió la demanda interpuesta por Cotech SA en contra de Uber BV, Uber Technologies Inc y Uber Colombia SAS, y determinó que estas últimas incurrieron en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela, al prestar de manera irregular el servicio público individual de transporte.

En su momento, el organismo estableció que Uber BV como licenciatario de la aplicación presta el servicio de transporte público individual de pasajeros, al crear la oferta y poner a disposición de los usuarios dicho servicio. Así mismo, se estableció que Uber Technologies Inc —desarrollador de la aplicación Uber— participa de manera efectiva en la comisión de dichos actos.

Por estas razones, la SIC ordenó a las demandadas que de manera inmediata cesaran los actos de competencia desleal declarados y que se ejecutan haciendo uso de la aplicación Uber. Así mismo, dictó que de manera inmediata cesaran la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades Uber, Uber X y Uber Van, por medio de la utilización de la aplicación tecnológica en el territorio nacional.

Ante este panorama, Uber, a través del documento que ya está en poder del presidente Iván Duque, asegura que con dicha decisión Colombia viola el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. En el documento, de acuerdo con un medio radial, la compañía indica que “Uber es una empresa organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, que ha realizado varias inversiones en Colombia. Uber Colombia, organizada bajo las leyes de Colombia, es una subsidiaria de Uber. En consecuencia, Uber es un inversor protegido de Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del tratado”.

Para Uber, la decisión, además de ser arbitraria, es impulsada por presiones políticas. “Las medidas arbitrarias y discriminatorias de la República contra Uber han sido tomadas ante la presión política de los intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule las inversiones de Uber”.

“Hemos enfrentado demandas más complejas”: gobierno

Frente a dicho pronunciamiento, a través de su cuenta de Twitter, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, reaccionó ante la intención de demanda de la multinacional y señaló que “Uber no tiene inversión en Colombia, no tiene negocios con contratos de estabilidad jurídica ni llegó en virtud del TLC”.

También, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, dijo que el país está listo para enfrentar el proceso, pero indicó que antes de eso vendrá una etapa de conversaciones directas con la empresa, luego de las cuales sí podría presentarse la acción legal.

“En las demandas de inversión viene una etapa previa, de conversaciones entre el inversionista y el Estado. Eso está en función de la agencia, en compañía con el Ministerio de Comercio. Si en seis meses no se ha logrado un acuerdo, sí podrían demandar”, dijo. Puntualizó: “hemos enfrentado demandas mucho más complejas, Colombia está lista. Hemos tenido procesos como el de Gas Natural Fenosa, Naturgy, Movistar y Claro”.

Historia de desencuentros

En octubre pasado, Uber anunció que por falta de estabilidad regulatoria y apoyo institucional a la innovación en el país había decidido retirar una inversión de 40 millones de dólares. Además, aseguró que con este dinero se planeaba construir su tercer Centro de Excelencia de Latinoamérica en Colombia, el cual abriría sus puertas en el 2020 e iba a generar 600 nuevos empleos directos.

Uber llegó a Colombia en el 2013, y desde entonces ha enfrentado diversas multas. Por ejemplo, en agosto del 2017 la Superintendencia de Puertos y Transporte confirmó que Uber Colombia debía pagar una multa de 344 millones de pesos (más de 102,000 dólares) por facilitar y promocionar, a través de medios masivos, la prestación de servicios de transporte no autorizados en el país.

En agosto del 2019 las autoridades colombianas multaron nuevamente a Uber con el equivalente a unos 625,000 dólares, por obstruir una visita administrativa en el 2017 en las instalaciones de dicha compañía, y por haber incumplido con instrucciones de la autoridad.