Telefónica condensa sus esfuerzos de transformación digital en Alemania, España, Reino Unido y Brasil, cuatro mercados prioritarios en los que advierte una viabilidad para innovar y extender servicios, y de paso agregar rentabilidad financiera a su negocio en el largo plazo.

A la zaga ha colocado a las operaciones americanas de habla castellana por las dificultades que éstas muestran para añadir valor y por eso maquina un nuevo plan para ellas, que en principio debe impedir la contaminación de las operaciones que sí le son redituables y luego preparar el camino para acuerdos comerciales con otros operadores, una salida a bolsa o la venta total o en paquete del negocio que le significa menos de un quinto de sus ingresos generales, pero más de la mitad de sus dolores de cabeza. 

Los negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, más los activos restantes en Centroamérica, han pasado a formar la unidad hispanoamericana de Movistar, una docena de mercados que en fechas recientes han comprometido los números de Telefónica por diversos factores como economías ralentizadas, volatilidad de las monedas, pérdida de competitividad, peleas en tribunales, inseguridad, inestabilidad política y un entramado regulatorio y política pública que complica el desarrollo de los negocios de telecomunicaciones en toda esta región.

Movistar enfrenta en América Latina panoramas adversos en prácticamente todos los países donde oferta sus servicios de telecomunicaciones: crisis económica y social en Argentina y Ecuador; obstáculos por uso de espectro en Chile para reforzar sus redes de 4G y para pensar en 5G; problemas financieros en Venezuela, pues recaudó allí apenas 58 millones de euros en los primeros nueve meses de 2019; una política regulatoria que no le es favorable en México y en Perú es el agente considerado como incumbente del sector ante América Móvil y Viettel. Y en Colombia desembolsó el equivalente de 510 millones de dólares en 2017 para liquidar un asunto de reversión de activos fijado hace 25 años.

El ARPU de 3.7 euros para los acumulados enero-septiembre de los años 2015 a 2019 en la América Latina de habla española levantados por Movistar, son prueba de que esta región poco ayuda a la holding a disminuir su deuda de 38,293 millones de euros a septiembre de 2019, incluso cuando esa operadora ha venido incrementando su cobertura 4G hasta alcanzar una penetración de 42.2% a septiembre en la región y que significa una mejoría en la calidad de sus servicios.

En cambio, Brasil reporta 7.0 euros por ARPU y eso inyecta ánimos a Vivo de Telefónica para comprar las partes fraccionadas del negocio móvil de Oi, sobre todo si la matriz logra vender las otras unidades latinoamericanas. Y Brasil también la empuja a desarrollar planes para sus primeros servicios de 5G allí; en principio, comprando frecuencias de espectro milimétrico.

 

 

El plan de crear una suerte de spin-off con los otros negocios latinoamericanos no debe entenderse como la retirada de Telefónica de esta parte del continente a treinta años de su arribo con intensivas inversiones por delante, 10,000 millones de dólares en México durante dos décadas, por ejemplo.

La empresa se resiste a perder el primer o segundo lugar del mercado en naciones como Argentina, Colombia, México o Perú ante otros fuertes competidores como son América Móvil y Tigo de Millicom International, aún con todas las complicaciones financieras y regulatorias que enfrenta.

Telefónica es de las pocas compañías de las que se conoce planes de acción desde su propio ámbito contra el cambio climático. Y su innovación no se circunscribe al desarrollo de aplicaciones digitales o programas de aceleración de startups, porque en México se alió con AT&T para exprimir toda la eficiencia posible de la infraestructura, quizá sentando el principio de que en un futuro existirá una mega red de redes de telecomunicaciones; quizá esta acción un día también desate acciones de revisión de parte de los reguladores nacionales en favor de la competencia por el uso de los mismos equipos para vender servicios de distinto operador al consumidor. Esto sólo es un quizá.

Pero todo eso y la escisión de las operaciones latinas de habla castellana indican que Telefónica sólo ha redefinido su pensamiento y su plan de acción por el mercado para asegurarse un lugar en el futuro.

El modelo de negocio basado en voz se agotó

La posibilidad de que Telefónica Movistar se marche en el mediano o largo plazo de países como México sí crea dudas respecto a de qué manera los desarrollos de nuevas redes de comunicación 5G y de otras tecnologías puedan verse impactados.

Sin duda también pone a pensar qué han hecho o dejado de hacer los gobiernos latinoamericanos y sus órganos reguladores, para que una empresa que en veinte años se hizo con 27 millones de consumidores mexicanos y 221 millones en toda América hasta septiembre de 2019, ahora prefiera enfocarse en esos cuatro mercados que juntos reúnen el 82% de las entradas totales de Telefónica a través de las marcas Movistar, Vivo y O2.

La clave está en un extracto de lo que anunció el presidente ejecutivo de Movistar, José Álvarez Pallete, a inversionistas sobre el nuevo rumbo de la compañía: 

“Existe una necesidad de cambio, que nadie nos lo exige, pero porque el modelo se agotó”, dijo el jefe de Telefónica.

Aunque ese motivo parece ser poco advertido por los reguladores de cada país y los ministerios encargados de administrar el dinero que recaudan por los insumos espectrales, coincidieron especialistas, porque unos regulan con base en un criterio “ex ante” o mirando a las telecomunicaciones como si se tratase de la misma industria de hace quince años, mientras que otros imponen políticas con espíritu recaudatorio por el aprovechamiento de los bienes del Estado en economías que hace una década dejaron de crecer a tasas de hasta doble dígito. 

Lo de Telefónica “es un llamado de atención para los reguladores en varios sentidos”, resumen los analistas. 

“Es un momento de generar inteligencia para construir nuevos marcos de regulación y para anticipar escenarios de mercado con modelos innovadores y convergentes que permitan al mismo regulador regular sin coartar o mirando al pasado”, dijo Rodrigo Ramírez Pinto, exviceministro de telecomunicaciones de Chile durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.

 

 

En un momento de experimentación en los despliegues de infraestructura de redes 5G en toda América Latina por parte de los operadores, es inviable y poco prudente generar una regulación ex ante, porque en vez de incentivar, se petrificarían modelos que perfectamente podrían tener una regulación distinta para un mercado convergente. Por eso ahí hay un exhorto a ver todo eso desde ahora, planteó Ramírez Pinto.

“La decisión de Telefónica tendrá que ejercer presión sobre los reguladores en Latinoamérica, porque definitivamente la regulación se ha estado enfocando en temas de muy atrás a lo que está pasando en el mercado; el negocio está cambiando y si la regulación no cambia, va terminar ocurriendo lo que pasó con los mercados de electricidad y del agua, que son servicios públicos esenciales, pero donde participan muy pocas empresas del sector privado con muy pocos despliegues y desarrollos; que no generan mucho valor para la actividad económica por las políticas públicas. Este es un punto de inflexión al que los reguladores deben poner atención y pensar en la forma en que han estado orientando el mercado con su regulación”, coincidió Gerardo Mantilla, analista en Artifex Consulting y un día regulador en la Conatel de Venezuela.

México, un mercado de 2.4 euros por usuario para Movistar

Telefónica la tuvo difícil desde que comenzó a desembarcar con sus inversiones en América Latina hasta el anuncio de que agrupará sus operaciones latinoamericanas, con excepción Brasil, en una misma entidad tras liquidar las divisiones “Hispam Norte” e “Hispam Sur”.

La operación en la región ya resultaba onerosa para la compañía en Madrid, ya que cada unidad de negocio contaba con su propio equipo. Una estructura que significaba altos costos de operación, aún con algunos casos de buen desempeño de los equipos locales.

Movistar además tenía que emparejar con su tecnología a las tecnologías de operaciones que iba adquiriendo y analizar los parámetros de espectro para comprar en mercados que venden a precios altos ese insumo.

“El sólo hecho de homologar y comprar espectro significaba un costo elevado que no se compensaba con sus números de crecimiento de usuarios, pues estaba por debajo de la media (…) En América Latina ya tenía un crecimiento de 2.0%, que fundamentalmente era una rotación de clientes y no por nuevo usuarios, por eso su curva de crecimiento se iba aplanando y con una clara tendencia a decrecer. Así se observaba la incerteza regulatoria de una América Latina que piensa muy local; donde no existe mucha armonización de políticas y sí muchas leyes. Telefónica, como otras empresas, tenía que administrar y desplegar planes para esos marcos regulatorios; una incertidumbre que no permitía hacer esas grandes proyecciones de inversión porque no hay un ambiente regulatorio flexible”, dijo Rodrigo Ramírez Pinto.

Movistar ha decidido escindir estos negocios y eso deja abierta las posibilidades para obtener el mayor valor posible a través de una venta definitiva o salida a las bolsas de valores. Pero es difícil hallar un comprador que vaya por todo el paquete o los negocios fraccionados de Movistar en la región. 

Claro de América Móvil (AMX) no podrá comprar las operaciones de Telefónica en Argentina y México y difícilmente también Chile y Perú. Este año la firma propiedad de Carlos Slim pagó 1,600 millones de dólares por activos de Movistar y Nextel en América Central y Brasil. Tigo de Millicom International pagó 1,650 millones de dólares por las operaciones en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Liberty pagó, por su parte, 1,950 millones de dólares por AT&T en Puerto Rico. En Uruguay el poder de mercado de Antel también complicaría a AMX comprar a Movistar en aquel país. 

 

 

China pone en la mira los activos de Movistar en América Latina

Por lo tanto quedan pocos oferentes para adquirir una división de Movistar valuada por Goldman Sachs y Barclays en alrededor de 12,000 millones de dólares; 3,000 millones de dólares para Colombia, 2,500 millones de dólares por Chile, 2,500 millones de dólares por Argentina, 460 millones de dólares por Uruguay, 900 millones de dólares por Ecuador y 1,876 millones de dólares por México, entre otros.

“Está claro que Telefónica fue reduciendo deuda en los últimos tiempos y este spin-off está en línea con ese plan. Si se fueron por esta alternativa es porque quizá no hallaron pronto un comprador u otra manera de solucionar las cosas y por eso van por una opción de separar las operaciones más rentables", destacó Enrique Carrier, director en la consultora argentina Carrier y Asociados.

China ha prestado e invertido en empresas y gobiernos de América Latina entre el 2008 y el 2018.  Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela han sido sus principales objetivos, con inversiones cercanas a los 120,000 millones dólares. Una de sus firmas para el sector, China Telecom, ha buscado oportunidades de inversión en México y Brasil hace pocos años; sus ganancias por 2,600 millones de dólares en el tercer trimestre de 2019 podrían facilitar ahora esa ambición.

 

 

Telefónica es una empresa con activos valorados en aproximadamente 97,123 millones de euros, por ello la determinación de escindir las operaciones poco rentables deberá generar rendimientos en los mercados.

La compañía cuenta con activos valiosos de espectro en segmentos de los 850 MHz y de 1.9, 1.7/2.1 y en 2.5 GHz, entre otras frecuencias. En diversos países ofrece servicios de cuádruple play y ha anunciado sus primeros planes para desplegar redes 5G en la región. Eso debe volver atractiva más de una unidad regional.

Telefónica ha visto caer más de la mitad el valor de su acción en los mercados —de 21 a 7 euros por papel en diez años— por lo que el plan para América Latina “es un paso lógico para un actor de una industria que ha llegado a su madurez y que se desenvuelve en un contexto político y económico muy inestable, por lo que conviene hacer un recorte, una purificación”, comentó Enrique Carrier, de Carrier y Asociados.

La acción de Movistar es un llamado para los reguladores, dijo Rodrigo Ramírez Pinto, “a ver a la industria de telecomunicaciones como un habilitante de otras industrias y a los gobiernos en general a que la cataloguen como una prioridad para el desarrollo, mientras que Telefónica intenta renovar su identidad, ahora en digital”.

 

 

 

 

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