Los evidenciados conflictos que desde principios del presente año vienen enfrentando a empresarios miembros y exmiembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han derivado ahora en una pugna por la posesión del Premio Nacional de Salud, organizado y entregado por dicho organismo desde hace cuatro años.

Al mismo tiempo, en medio de esos enfrentamientos alrededor de la cúpula empresarial, ha quedado la esperada participación de los candidatos a gobernar la Ciudad de México en un foro a realizarse el 8 de mayo donde expondrían sus propuestas sobre las políticas de salud en la capital del país.

Este evento generó gran interés de parte de muchos participantes del sector salud interesados en conocer lo que los aspirantes a gobernar la capital del país, Mikel Arriola, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales plantean sobre cómo mejorar la atención médica y el cuidado de la salud de los capitalinos.

Aparte de las posturas de los candidatos, en la convocatoria se anunció que se entregaría el Premio Nacional de Salud conforme un jurado integrado por el IPN, La Universidad La Salle, el ISSFAM y la Cámara de Diputados.

A unos días de la realización del Foro, la Coparmex emitió un comunicado indicando que este evento no es organizado, validado o autorizado por ninguna de las instituciones del organismo.

Y efectivamente, el Foro nunca fue convocado por Coparmex sino que fue a nombre del Premio Nacional de Salud por el empresario Oscar David

El problema es que Coparmex reclama también los derechos de propiedad de dicho premio.

Hernández, quien arrancó la iniciativa de dicho premio en el 2014 siendo presidente de la Comisión de Seguridad Social y Salud de Coparmex, explicó a El Economista que, dados todos los problemas con Gustavo de Hoyos, actual presidente de Coparmex, quien no tuvo el mejor trato con Hernández, decidió registrar a su nombre los derechos de propiedad del Premio.

De Hoyos, por su parte, dio a conocer que presentó ya un procedimiento legal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por el uso ilegal de una marca y nombre comercial que corresponden a la Coparmex.

Fuentes allegadas al conflicto  informan que la Junta de Conciliación y Arbitraje ya convocó a De Hoyos en su calidad de presidente del organismo empresarial para que declare en torno a una denuncia interpuesta por una falta de respeto a las normas que, como todo sindicato, en este caso empresarial, les regulan.

Todo detonó en febrero pasado, cuando Oscar David Hernández publicó en redes sociales fotografías de un evento en apoyo al candidato por el PRI a la ciudad de México, Mikel Arriola. Entonces, De Hoyos le pidió por WhatsApp “su renuncia” a Hernández como si fuera un empleado, cuando los presidentes de Comisión como los consejeros nacionales todos son empresarios que laboran en Coparmex en forma voluntaria y no tienen una relación laboral con el organismo empresarial.