Con el acuerdo en principio logrado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), se pacta un tribunal permanente para resolución de disputas en inversiones; los estados de la República Mexicana podrán negociar acuerdos de compras gubernamentales con la UE; se establecen regulaciones en materia laboral, medioambiental y para pymes, además de que, en el caso de las indicaciones geográficas, la UE logró la protección a 340 productos.

En el caso del tribunal permanente, el acuerdo implementa completamente el nuevo enfoque de la Unión Europea para la protección de inversiones y la resolución de disputas de inversión, remplazando el arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS, por su sigla en inglés) con el nuevo Sistema de Juicios de Inversión.

Con ello, se pretende asegurar la transparencia y el derecho de los gobiernos a regular el interés público y se sigue el mismo enfoque que adoptó la Unión Europea en sus recientes acuerdos con Canadá, Singapur y Vietnam.

Esta será la primera vez que México opere un tribunal permanente en uno de sus tratados de libre comercio.

El resultado es parte de la política de la Unión Europea de conformar tribunales fijos para cada acuerdo comercial de ese bloque de común acuerdo con su respectivo socio comercial. Su estrategia es parte de un objetivo de mayor alcance: crear un tribunal de inversión público e internacional con jueces “altamente calificados” y métodos de trabajo “transparentes”.

Un tribunal internacional de inversiones remplazaría el conjunto actual de arreglos privados de arbitraje que figuran en miles de acuerdos comerciales bilaterales en todo el mundo, tal como ocurre ahora en las disputas sobre inversión entre México y la Unión Europea.

Para la Comisión Europea, las nuevas reglas en el TLCUEM representan otro paso importante para dar forma a la globalización y garantizar un sistema justo, basado en reglas con los más altos estándares.

El sistema de tribunales de inversión evita conflictos de intereses al impedir que los jueces también trabajen como abogados de inversiones, incluye el derecho a apelar contra los veredictos y la posibilidad de revertir las decisiones del tribunal, y hace que todos los documentos estén disponibles en línea, con audiencias web para que todos los vean.

El mecanismo nuevo de solución de diferencias en el TLCUEM tendría “jueces altamente calificados”, asignados aleatoriamente a cada caso y fomentaría la inversión y garantizaría una resolución “responsable” de disputas.

El acuerdo protege las inversiones entre la Unión Europea y México tanto en servicios como en sectores no relacionados con los servicios.

Para Ricardo Ramírez, exjuez del Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio, el mecanismo ISDS se encuentra en una crisis de legitimidad y de percepción en la que se cuestiona, entre otras cosas, la falta de transparencia con la que se llevan los procedimientos, la solidez jurídica de algunas decisiones y el acceso costoso al mecanismo.

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