A partir del 24 de noviembre, México está obligado a informar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el cumplimiento -en su aplicación- del Convenio 98 que ratificó en noviembre 2018 y que entró en vigor plenamente este mes, con lo que se pretende que nuestro país garantice la libertad de sindicalización y la contratación colectiva efectiva.

De acuerdo con el organismo internacional, al cumplirse los 12 meses que se establece como plazo para entrada en vigor, éste se cumplió el pasado 23 de noviembre, una vez que fue registrado por el director general de la OIT “desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación, indica la página oficial de la OIT.

“Ahora lo que sigue es que México envíe memorias a la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT y tendrá que ir dando a conocer de qué manera ha venido implementando dicho convenio”, explicó el abogado laboral Alejandre Avilés Gómez, asesor Jurídico del STUNAM.

En este nuevo proceso, la OIT consultará a los sectores de empleadores y trabajadores respecto a posibles observaciones o comentarios en el cumplimiento del Convenio, así como de las memorias que deba entregar el gobierno de México.

Cabe señalar que en 2017 el sector de los trabajadores por ejemplo, acusaba al Estado mexicano de incumplimiento de la norma, “Esto apenas va a empezar, no con sólo se ratifica y se  firma el Convenio, hay un cambio en automático. Vienen cosas de carácter más interno”.

En ese sentido, Avilés Gómez explicó que el Convenio 98 tienes tres objetivos:

1) Garantizar medidas de protección contra actos de discriminación antisindical, tanto en el momento de la contratación, como durante el periodo de empleo, incluido en el momento de la terminación de la relación de trabajo.

2) Garantizar medidas de protección contra los actos de injerencia en los asuntos internos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

3) Adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria a fin de reglamentar las condiciones de empleo a través de contratos colectivos.