El colectivo #NoMásDerroches analiza la posibilidad de impugnar la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con la que se autorizó la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), porque hay elementos que podrían generar una nueva suspensión judicial.

“Estamos revisando la información que se hizo pública el pasado 25 de julio y tiene bastantes temas cuestionables jurídicamente”, comentó el director de Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Gerardo Carrasco.

Desde su perspectiva, los elementos que han encontrado en el documento que tiene 274 cuartillas son suficientes para obtener la suspensión (con argumentos legales-ambientales) del principal proyecto de infraestructura aeroportuario del actual gobierno, que ya requiere de una inversión de 91,977.8 millones de pesos.

La MIA, que da luz verde de manera condicionada en el tema ambiental fue presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional en abril, y es una de las diversas autorizaciones que se requieren para iniciar los trabajos de construcción, recordó Carrasco.

En entrevista, el integrante del colectivo dijo que todos los procesos legales que han iniciado en los últimos tres años sobre el aeropuerto y otros temas, como la Estafa Maestra y Odebrecht (en diferentes niveles de gobierno), están “totalmente sustentados jurídicamente”, y que no “van como el Borras” a solicitar algo sin argumentos suficientes.

Sobre el tema aeroportuario, #NoMásDerroches, que nació este año, ha logrado a la fecha 11 suspensiones, de las cuales seis son de carácter definitivo, propiciadas por los 147 amparos que interpusieron en ocho entidades como estrategia legal. En los casos que se aceptó el amparo, se solicitó la suspensión correspondiente.

“La pretensión jurídica es que se revierta la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que se reanude con contratos honestos a través de licitaciones transparentes y que se cancele de manera definitiva el aeropuerto de Santa Lucía. De manera general, es lo que está planteado con argumentos económicos, culturales y ambientales, entre otros”, explicó.

En respuesta, el gobierno federal, por medio de 23 dependencias, impugnó las suspensiones definitivas que deberán ser resueltas en tribunales judiciales de Ciudad de México, para lo que existe un plazo de 90 días, aunque el proceso, hasta el viernes pasado, no había iniciado por el periodo vacacional.

Sobre los cuestionamientos que ha recibido el colectivo, refirió: “Me parece desafortunado que se diga que estamos únicamente en contra de este gobierno. No estamos en contra de ningún gobierno. Queremos fortalecer las instituciones. Y sí estamos en contra de actuaciones gubernamentales que carezcan de un fundamento jurídico. Todos los días monitoreamos diversa información”.

El abogado reiteró que el colectivo es de carácter ciudadano y que una regla para su creación fue que los abogados o despachos participantes en el caso (en muchos casos han sido aliados anteriormente) no tuvieran un cliente o alguna relación con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Además de que la participación de los litigantes es pro bono.

¿A dónde quiere llegar el colectivo?

Queremos mayor inversión mexicana y extranjera, mayor crecimiento económico, mayor oportunidad de empleo y mayor desarrollo de la industria del turismo en México. Todo esto únicamente se puede lograr con un aeropuerto como el de Texcoco, que pueda tener la capacidad suficiente para la demanda nacional e internacional, y que tenga la capacidad para competir como un centro de conexiones como Panamá, Atlanta o Dallas, y que se respete desde los poderes de la Unión, los gobiernos, todos los requisitos legales para un aeropuerto.

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