El regulador de las telecomunicaciones validó la entrega de una serie de títulos de concesión a ocho concesionarios que decidieron retener 60 MHz de la banda de los 2.5 Gigahercios y les otorgó un plazo de gracia que vence el 1 de abril de este año para desplegar sus redes de servicios móviles.

La decisión del IFT se produjo en pleno proceso de definición de la subasta sobre el destino inmediato de la polémica banda de los 2.5 GHz y que cambiará el rostro del mercado móvil mexicano. Es un paquete de 130 MHz de frecuencias radioeléctricas que ya se pelean AT&T, Telcel y Movistar, porque vendrá a mejorar la oferta, capacidad, calidad y cobertura de los servicios móviles

Los concesionarios beneficiados en la sesión del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) del 18 de diciembre pasado, y cuyo contenido fue divulgado el martes 6 de febrero, son Sistema TV Digital, Tele Comarca, Telefutura, TV Zac, Ultravisión y las personas físicas Alfonso Esper Cárdenas y Adrián Esper Cárdenas, este último aspirante independiente a la alcaldía de Ciudad Valles, San Luis Potosí.

La decisión del IFT no estuvo exenta de polémica y enfrascó a sus comisionados en un largo debate entre los que avalaban la solicitud de los operadores de migrar su oferta de un producto de televisión por microonda a una de servicios inalámbricos y entre los que argumentaron que algunos concesionarios habían faltado al principio de buena fe, al haber presentado su solicitud en el último minuto que marcaba el reglamento.

Fueron tres horas de discusiones entre los comisionados especializados en materia técnica frente a los de mayor conocimiento del derecho y la economía, por si era o no conveniente entregarle a los concesionarios los llamados títulos de concesión única que en adelante les permitirá ofrecer servicios móviles; o en el caso extremo, empezar con la recuperación de los 60 MHz de espectro que aún mantienen en la banda de los 2.5 GHz, con base en una serie de incumplimientos demostrables, según los expedientes P/IFT/EXT/181217/194 al P/IFT/EXT/181217/213.

Pero por mayoría de votos, el pleno no sólo avaló la entrega de los títulos a los concesionarios sino también se les concedió tres meses más, hasta el 1 de abril del 2018, el plazo de gracia para empezar con su oferta comercial de servicios móviles, que desde el origen la Secretaría de Comunicaciones había fijado para el 31 de diciembre del 2016 y después, al 31 de diciembre del 2017; siempre que aquellos hubiesen empezado con el despliegue de una red móvil a través del citado espectro.

Incluso, en la acalorada discusión se conoció que uno de esos concesionarios estudia el traspaso de su espectro del 2.5 GHz a un tercero —como hizo MVS Comunicaciones al vender sus concesiones por 60 MHz a Telcel entre 2016 y 2017—, cita en una de sus páginas la versión pública del documento que da cuenta de esa sesión del pleno. De producirse el traspaso, este hecho trastocaría todavía más los precios de referencia para la venidera licitación de esas frecuencias.

Prácticamente todos los concesionarios esperaron cerca de cuatro años para iniciar el procedimiento de solicitar la migración de sus títulos de concesión hasta mediados del 2016, pero hubo quien se esperó hasta bien entrado el 2017, septiembre a noviembre de ese año, cuando los lineamientos en la materia publicados en el 2014 por el IFT establecen con detalle los plazos para cada etapa del trámite, de 60, 45 y 5 días hábiles, con lo que la solicitud de uno de los operadores concluiría en febrero del 2018 y tendría entonces unas pocas semanas para echar al aire su red móvil de servicios inalámbricos; esto, con base en el proyecto de entrega de títulos que se propuso ese día, porque con base en el antiguo ordenamiento el concesionario habría perdido la titularidad de su espectro.

También se supo que dos operadores tenían una cartera de clientes sin usuarios; que otro sólo atendía a 15 clientes y que dos más ofrecían un servicio de TV restringida sin un contrato de prestación del servicio aprobado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), motivo de sanción legal y para analizar una posible revocación de concesión.

Otro caso más fue el de un operador que utilizaba más de las frecuencias permitidas a su concesión en el 2.5 GHz para llegar más lejos con su cobertura, también un pretexto para una sanción.

Durante la discusión el encendido debate obligó a declararse un receso. Posteriormente el regulador aceptó que también tuvo participación en el retraso del seguimiento a las solicitudes, con el pretexto de que la Unidad de Concesiones y Servicios llevaba al mismo tiempo los procesos de entrega de títulos de concesión a los ganadores de las licitaciones de radio y televisión que se realizaron entre 2016 y 2017.

Se argumentó además que el hecho de que los concesionarios no hubiesen desplegado su red móvil, obedecía a la incertidumbre de no contar con el título habilitante, además de que empezar ahora con ese despliegue, los concesionarios tendrían mayores oportunidades de negocio al existir en este momento en el mercado mayor stock de equipamiento tecnológico para explotar la banda de los 2.5 GHz, en comparación a hace cuatro o cinco años.

En otro tramo de las discusiones se planteó la necesidad de establecer con claridad el ordenamiento sobre los despliegues de red. Esto, porque en las anteriores obligaciones se especificaba un plazo fatal para ofertar los nuevos servicios, más no para presentar la solicitud de los títulos correspondientes, mientras que en el proyecto presentado y aprobado el lunes 18 de diciembre del 2017 se les daba a los operadores hasta el 1 de abril del 2018 para explotar su red móvil, pero sin especificar los parámetros de infraestructura instalada o clientes atendidos, lo que desató otro debate acerca de los plazos y llevó para más noche la sesión.

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