Un aproximado de 83,600 conexiones, principalmente de telefonía e Internet fijos, sufrieron intermitencia y caídas del servicio la semana pasada en la ciudad y todo el municipio de Guanajuato, después de que el gobierno municipal decidiera cortar, literalmente, los cableados con los que la empresa Megacable oferta sus servicios de telecomunicaciones en ese territorio.

El ayuntamiento decidió cortar el miércoles 14 de julio los cables de Megacable instalados en la postería del sur del municipio. El motivo, acusó la alcaldía, es un adeudo de 35 millones de pesos que no ha abonado la compañía por el uso del derecho de vía allí para los años de 2017, 2018 y la mitad del 2019.

De acuerdo con el presidente municipal panista Alejandro Navarro Saldaña, el gobierno municipal contó entonces con una orden judicial que lo respaldaba con el procedimiento de los cortes y presumió que otras compañías cableras tendrían la misma suerte que Megacable por sus impagos.

Navarro Saldaña de mientras amagó con que ese mismo día haría seis cortes a la red de Megacable, lo que terminó por desconectar a miles de usuarios o en afectar la calidad de su servicio durante 48 horas continuas. Entre los afectados por la caída del servicio estuvo el Congreso de Guanajuato, pues Megacable es su proveedor de telecomunicaciones.

La gente de Desarrollo Urbano… la gente del Jurídico, la gente de Seguridad… Ahorita van a realizar un corte a Megacable, van a cortar el cable (…) Lo lamentamos tremendamente y yo en lo particular, porque mis padres viven en esta zona; porque mis suegros viven en esta zona y se van a quedar sin cable y sin Internet, porque los señores de Megacable le deben 35 millones de pesos al gobierno municipal, por concepto de uso de vía pública”, dijo el alcalde. 

“Estos son procesos judiciales… Hoy estamos logrando que se cumplan. Nos ha dado un tribunal el poder de cortar el servicio. Ya se cortó uno y van a seis cortes en toda la ciudad. No podíamos hacer esto, aunque tuviéramos muchas ganas, y ahora podemos hacerlo porque tenemos una orden”, divulgó Alejandro Navarro Saldaña en redes sociales y luego soltó que otra empresa también adeuda 142 millones de pesos a su municipio.

Megacable y la presidencia municipal de Guanajuato, plaza con alrededor de 250,000 habitantes al 2020, pactaron una manera de pago, mediante la cual Megacable se comprometería a desplegar Internet gratuito en seis parques del sur de la capital, así como repotenciar algunas de sus camionetas para convertirlas en patrullas a favor de la ciudad.

Megacable, sin embargo, negó que su adeudo sumara 35 millones de pesos y presumió que recurrirá a los tribunales para que esas instancias resuelvan sobre sus compromisos con Guanajuato. En respuesta, la alcaldía dijo que tomó las camionetas y el servicio gratuito previamente anunciados, como una donación de Megacable al ayuntamiento.

La empresa Megacable tuvo una inversión de 1,875 millones de pesos a escala nacional en el primer trimestre del 2021, por lo que el adeudo de 35 millones de pesos con Guanajuato parecería una cifra ínfima para esa cablera. En el municipio de Guanajuato, la compañía cuenta con 32,765 accesos de voz fija, 33,821 de Internet de banda ancha y con 17,039 accesos de televisión de paga, haciendo un total de 83,625 conexiones al cierre de marzo pasado.

Se perdió el respeto a la federación

Independientemente de los pactos acordados ahora entre Megacable y la alcaldía por esta deuda, queda en duda qué autoridad competente entregó la orden judicial para que el presidente municipal mandara a cortar los cables de Megacable, por significar vías generales de comunicación.

En su videomensaje en redes sociales, el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña —polémico también por sus declaraciones respecto a que no quiere turistas “pobres” en su ciudad porque gastan poco dinero y generan mucha basura—, no especificó orden, tribunal o con base en qué legislación procedió al corte de los cables de Megacable. Abogados coinciden en que en tanto no se conozca ese detalle, el acto de cortar los cables de Megacable constituye una vulneración a las leyes federales.

“Como se ve, es un ataque a las vías generales de comunicación; es un delito federal hacer eso y debe investigarlo la Fiscalía General de la República. Por su parte, no sabemos qué más hará Megacable”, dijo Salomón Padilla, abogado especializado en telecomunicaciones. Guanajuato no es el único municipio que carga contra una empresa de telecomunicaciones, porque otros como Amanalco, San Luis Potosí y Zacatecas han hecho lo propio, acusando impagos por impuestos locales, cuando éstos terminando siendo de índole federal. “Se perdió el respeto a la federación (…) Hay que revisar la fracción II y VI del artículo 167 del Código Penal Federal”, dijo Padilla.

“El presidente municipal no tiene la facultad y tuvo que estar bien respaldado, porque si no fue así, pudo haber cometido un delito por afectación a las vías generales de comunicación. Esa es una situación que su equipo jurídico debió hacérselo saber y debió haberla comunicado paralelamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Hacienda, para que uno revisar, como parte de sus competencias, sus obligaciones de cumplimiento con base en el título de concesión de Megacable y el otro, Hacienda, lo que toca a la carga impositiva”, coincidió Sandra Rodríguez, directora de Jurídica en Telecomunicaciones.

Más hacia el plano político, lo que pareciera el circo de la política, legisladores del partido Morena se manifestaron como hastiados por las acciones que toma la alcaldía municipal de Guanajuato, gobernada por el PAN.

Oscar Aguayo Arredondo, regidor por Morena en el ayuntamiento de Guanajuato, aseguró que si las autoridades municipales del PAN incurren otra vez en acciones que afecten los servicios de la población, su partido buscará entonces impulsar la escisión de la zona sur de Guanajuato cómo el municipio número 47 del estado de Guanajuato. Esta zona fue la más afectada por el corte de dos días.

“La Constitución de Guanajuato ya establece los mecanismos para crear los municipios. El requisito principal es que lo soliciten los ciudadanos que representen al menos el 10% de la población, aquí, del municipio afectado, en este caso serían entre 15 y 20,000 personas”.