El Gobierno Federal, uno de los principales empleadores, ha utilizado por más de tres décadas la tercerización de personal, por lo que ahora “debe poner el ejemplo” y contratar directamente a los 500,000 trabajadores que realizan funciones en limpieza, seguridad, comedores y servicios de tecnología, a partir de enero de 2021.

Así lo expresó en entrevista Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), quien explicó que en el gobierno se han mantenido diversas figuras “híbridas” para la contratación de personal, pero que en realidad se han quedado en el limbo trabajadores a los que no se les respeta la antigüedad laboral, ni sus derechos de seguridad social.

Tras señalar que cada dependencia de gobierno establece contratos de manera directa, Ayala Almeida sostuvo que lejos de mejorar las condiciones salariales y laborales, reducen una tercera parte lo que la federación destina por costo de trabajador, “mientras el gobierno como patrón destina entre 12,000 y 13,000 pesos de salario, la empresa intermediaria paga al trabajador apenas el salario mínimo, es decir, unos 3,696 pesos”. Por ello, y en el marco de la discusión sobre la reforma en materia de subcontratación que se discute en la Cámara de Diputados, Ayala Almeida  afirmó que existen los recursos suficientes para llevar a cabo la contratación directa de 500,000 trabajadores y eliminar los contratos de outsourcing.

La Central Sindical FSTSE, destacó, “reitera su posición en lo que se refiere a la contratación de trabajadores, pues resulta histórica la propuesta del gobierno Federal para eliminar los contratos laborales existentes por tres o hasta seis meses, que son una argucia que trunca los alcances del movimiento sindical en favor de los trabajadores”.

Hay presupuesto para asumir contratación

Por lo anterior, el líder de la FSTSE explicó que con el mismo monto de recursos económicos que se firma con empresas privadas, se cubrirá el sueldo base -de acuerdo al tabulador federal- se puede pagar el nombramiento y incorporación a la Seguridad Social en el ISSSTE-FOVISSSTE, de acuerdo a la Ley vigente; así mismo la inscripción en la Afore Pública de su preferencia, con la protección del Seguro de Vida.

Puntualizó que no hay limitante financiera para las instituciones del sector público amparadas por el Apartado B del Artículo 123 Constitucional que establece las garantías laborales en base a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ante ello, “expresamos un reconocimiento al Presidente por la disposición de otorgarle a cada trabajador que labora en el sector público, las garantías que se establecen en la Ley”.

Revisar todos los contratos, necesario

Consultado al respecto, el abogado laboral, Pablo Franco, afirmó “no hay nada que justifique la terciarización en el servicio público. Porque no se trata de emprendimiento, sino de un servicio mediante el ejercicio de un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados. El uso del outsourcing para lo que ha servido es para disfrazar actos de corrupción toda vez que muchas veces se dan contratos a empresas prácticamente inexistentes o sólo existentes en el papel”. Asimismo, dijo que debe asumirse el costo que representa para el Estado la contratación directa, “pero además debe investigarse a las empresas que han servido al gobierno mediante el outsourcing y a los funcionarios públicos que han asignado los contratos para deslindar posibles actos de corrupción”.

Por su parte, Alfonso Bouzas, especialista laboral y coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, comentó que la propuesta de reforma, tal y como está ahora, “puede impactar al sector público”, ya que se prohíbe la subcontratación y destacó que no se tienen cifras de cuántos trabajadores se encuentran en esta situación, “pero tomando muestras en una delegación política (hoy alcaldía) 35% del personal era irregular; mientras que en una oficina gubernamental ese porcentaje llegaba al 65% de personal irregular. Entonces, el dato de 500,000 trabajadores se queda corto”.

pilar.martinez@eleconomista.mx