La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie J. Chung, pidió al gobierno mexicano mantener un ambiente de libre inversión en referencia a las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que la Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado.

En una llamada con periodistas previa al encuentro entre el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, y el canciller Marcelo Ebrard, la funcionaria dijo que: “Instamos a México a escuchar a los accionistas, a escuchar a las compañías del sector privado y a proveer realmente de una cultura, de una atmósfera de libre inversión y transparencia para que las empresas sigan invirtiendo en México”.

Según su perspectiva, los cambios a la ley del sector de electricidad serán uno de los temas abordados en la reunión virtual, en la que también estará la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que aún debe recibir el visto bueno del Senado, prioriza a las plantas generadoras del gobierno y relega a las de capital privado que operan con gas natural y fuentes renovables de energía.

Empresas de Estados Unidos han externado su preocupación por los cambios, que consideran una violación del T-MEC.

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de dicha ley.

Entre los cambios más relevantes de la iniciativa está el orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que como gestor de la red ahora no ponderaría el uso de energía más barata por nodo, sino en primer lugar la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, la eólica (de privados para intercambio entre ellos o venta a la CFE) y finalmente los ciclos combinados de la CFE, dejando al último las otras renovables, como solar, de privados.

En cuanto al otorgamiento de permisos de generación, que hoy entrega la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como una obligación (como una licencia de conducir, que toda persona en México tiene derecho a obtener si la solicita) ahora se sujetarán a criterios de planeación de la red y podrán ser negados.

También se obligará al regulador a regulador a revocar permisos “obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”, y se obligará al gobierno a revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE.

En lo que respecta a certificados de energía limpia (CEL) como incentivos a la generación de energía limpia o renovable, todos los que generan en el país podrán obtenerlos, sin importar que sean o no plantas nuevas (que era el objetivo de este incentivo, para la construcción de más infraestructura renovable en el país) y así podrán venderlas a quienes generan mediante fósiles, para que cumplan con sus obligaciones establecidas en la Ley de Transición Energética. Y ligado a este punto, el suministrador de servicios básicos, que hoy es solamente la CFE, no estará obligado a adquirir energía, potencia o CEL únicamente mediante subastas, sino que podrá diseñar sus propios mecanismos. La iniciativa fue aprobada en la cámara de origen, de diputados y pasará al Senado para su difusión y aprobación en un plazo de 30 días naturales.

En un comunicado previo a la llamada, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que en la reunión virtual se abordarán temas relacionados con “la relación comercial bilateral, los desafíos de seguridad compartidos, la migración regional, el cambio climático y otros asuntos de interés mutuo”.

Primer reclamo, en enero

Unos días antes de concluir su ciclo, el 11 de enero pasado, el gobierno del expresidente Donald Trump expresó su inconformidad con el giro de la política energética mexicana.

A través de una carta signada por los entonces secretarios de Estado, Mike Pompeo; de Energía, Dan Brouillette, y de Comercio, Wilbur Ross, el gobierno trumpista reclamó sobre los frenos regulatorios emprendidos por el gobierno de Andrés Manuel López en el sector energético, principalmente en las energías limpias, lo cual ha derivado incertidumbre y daña el clima de inversión.

Los secretarios de gobierno estadounidenses hicieron referencia a informes de los meses de julio y septiembre en los que se daba cuenta que los órganos reguladores del sector energético recibieron instrucciones del Ejecutivo de bloquear el otorgamiento de permisos para proyectos energéticos del sector privado y favorecer a las empresas energéticas estatales.

“Además de dañar varios proyectos del sector privado respaldados por Estados Unidos en el sector energético, estas medidas podrían afectar negativamente a cientos de millones de dólares de inversiones públicas en energía del gobierno de Estados Unidos en México”, advirtieron.

Los cambios de la contrarreforma eléctrica:

1. Nuevo criterio de despacho eléctrico

• Se priorizará la inyección de la energía generada por la CFE a la red, rompiendo el principio de que la energía más barata es la que se despacha primero.

2. Flexibiliza el otorgamiento de CEL

• Se permitiría asignar certificados de energía limpia a centrales existentes antes del 2014.

3. Discrecionalidad a CFE para comprar electricidad

• La filial de CFE que se dedica a vender la electricidad a los consumidores finales (CFE Suministro Básico) ya no estará obligada a adquirir la energía que revende a los usuarios a través de subastas.

4. Eliminación del autoabasto eléctrico

• La reforma del 2021 facultaría a la CRE para revocar permisos de autoabasto si “decide” que son fraudulentos.

Autoabastecimiento

Grupo México descarta que le afecte reforma

Grupo México descartó un impacto relevante en sus finanzas, generación y suministro de energía eléctrica para sus operaciones en México si se aprueban los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica de la iniciativa presidencial, dado que aunque utiliza autoabasto, la minera no incurre en abusos al esquema y por tanto sus contratos no pueden ser objeto de persecución.

De acuerdo con la compañía, prácticamente toda la generación y consumo de energía eléctrica de sus activos se da en una modalidad de “autoabasto puro”, es decir, plantas de generación que son 100% propiedad de la firma y cuyo consumo es exclusivo de sus empresas, lo cual no es objeto de cambio en las modificaciones legales propuestas.

Y según el director general de Intermediación y Contratos Legados de la CFE, Mario Morales Vielmas. empresas mineras como Grupo México y Peñoles utilizan el esquema de autobastecimiento en el “espíritu original”, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que consiste en apalancar la inversión de una desarrolladora del proyecto para que toda la generación que se obtenga sea para uso de un consumidor.

En 2011, había 200 plantas de autoabasto con 4,000 socios. Hoy existen 251 centrales con 70,000 socios. Hay una central que tiene 10,275. Suena ilógico que una sociedad mercantil tenga esa cantidad de socios, detalló el año pasado el directivo de la CFE.

Grupo México detalló que sus activos de generación de energía incluyen la planta de ciclo combinado a base de gas natural “La Caridad”, con una alta eficiencia y una capacidad de 530 megawatts, en Nacozari, Sonora.

Además, posee el parque eólico “El Retiro”, en Juchitán, Oaxaca, que cuenta con una capacidad de generación de 74 megas, al igual que el proyecto del parque eólico “Fenicias”, en Nuevo León, que registra actualmente un 90% de avance en su construcción, con capacidad de 168 megawatts.

karol.garcia@eleconomista.mx