En medio del frenético cierre de listas y de cara a la campaña electoral, el gobierno argentino desató por lo bajo un arduo debate que despierta diferencias en la Casa Rosada y que tarde o temprano saltará a la palestra proselitista: la posibilidad de impulsar un proyecto de ley que promueva el salario básico universal para aquellos los trabajadores informales de la economía o los sectores vulnerables que necesitan de un ingreso fijo a cambio de trabajo.

Como publicó El Cronista, el tema lo abordó la semana pasada el presidente Alberto Fernández con el director del Banco Nación, Claudio Lozano, y también empezó a ser analizado en diferentes despachos de la Casa Rosada con miradas tan diversas como contrapuestas.

Sustancialmente la idea que promueven los movimientos sociales, dirigentes del Frente de Todos y varios funcionarios es instaurar un Ingreso Básico Universal para todas las personas de entre 18 y 65 años que trabajan en la informalidad, los desempleados y aquellos monotributistas que cobren menos del monto estipulado para el salario mínimo. 

Sin embargo, la idea de dar lugar a un ingreso universal despierta un debate fiscal en el gobierno y genera reparos en aquellos sectores alineados con el ministro de Economía, Martín Guzmán y con el de Trabajo, Claudio Moroni, que no ven conveniente en estos momentos ampliar el presupuesto para este tipo de programas. En rigor, el pago de un salario básico universal de unos 20,000 pesos (207 dólares) mensuales para más de cuatro millones de  personas implicaría una inversión del Estado del 2.9% del PIB.