La inexistencia de una reglamentación secundaria que norme las consultas sociales en los proyectos de energía o de minería puede impedir no sólo el desarrollo de los mismos, sino también el de las comunidades que no obtienen ningún nuevo beneficio, explicó María García-Manzano, directora de GMI Consulting.

El hecho de que no exista la regulación secundaria para poner en práctica dichos instrumentos (la consulta indígena por ejemplo), ha generado un caldo de cultivo para la expansión de intereses que en muchos casos son ajenos tanto a los proyectos como a las comunidades , dijo.

La especialista en gestión social explicó que los intereses de terceros ponen en riesgo no solamente la ejecución de los proyectos para las empresas, sino la posibilidad de que los beneficios sociales derivados de ellos puedan llegar a la población.

GMI Consulting es una empresa dedicada a realizar evaluaciones de impacto social por medio de trabajos en la comunidad, que incluyen conocer sus necesidades y los impactos que los proyectos puedan generar.

Añadió que las consultas sociales en proyectos de energía permiten identificar de manera temprana los posibles conflictos sociales que pueden poner en riesgo su desarrollo.

De entrada, considera que fue un acierto haber legislado en la reforma energética la necesidad de consultar y evaluar el impacto social de los proyectos para garantizar el derecho de las comunidades a ser escuchadas sobre las afectaciones que puede tener sobre ellas un proyecto.

Es positivo también dar certeza a los inversionistas de que las comunidades afectadas están de acuerdo con los planes de gestión social que se llevarán a cabo, y evitar conflictos sociales posteriores.

Sin embargo, hoy se está generando una situación de incertidumbre jurídica en el sector energético que está empezando a identificarse como un posible impedimento a las inversiones , indicó. Hay valores entendidos que se deben cubrir, para las empresas la evaluación de impacto social es entendida como el estudio social para detectar los impactos que puede generar un proyecto y establecer las medidas de mitigación, prevención o compensación necesarias en acuerdo con las propias comunidades.

La Consulta Indígena da cumplimiento a convenios internacionales, reconociendo el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por proyectos de desarrollo que puedan poner en riesgo sus derechos fundamentales y sus usos y costumbres; son instrumentos ampliamente aplicados en diversas partes del mundo con excelentes resultados para prevenir conflictos sociales , explicó.

Concluyó que, por ello, es necesario que se discuta seriamente una Ley de Consulta Indígena que propicie una convivencia armónica entre proyectos y comunidades.

luis.carriles@eleconomista.mx