Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, la organización sindical más grande de Estados Unidos, declaró que “es hora de terminar con la explotación y miseria de las maquiladoras en México” y una herramienta para hacerlo es el tratado comercial, T-MEC; esto luego de dar su respaldo total a la líder sindical Susana Prieto, quien ha demandado el pago de cuotas sindicales a la empresa Tridonex en Matamoros, Tamaulipas.

En un comunicado de prensa, Trumka pretende evidenciar que en Tamaulipas hay una violación constante a los derechos laborales y de la libertad de sindicalización; dijo “los trabajadores mexicanos deben ganar salarios decentes y ser capaces de ejercer sus derechos en el lugar de trabajo”, y agregó que el presidente electo Joe Biden está de acuerdo con los planteamientos de la AFL-CIO.

Los trabajadores de Tridonex, una subsidiaria de la empresa Cardone Industries basada en Philadelphia, manufacturan autopartes para el mercado estadounidense. De acuerdo con Trumka, Tridonex se ha negado a la solicitud lícita de los trabajadores de transferir sus cuotas sindicales al sindicato independiente. En su lugar, la empresa continúa apoyando al sindicato de protección. Tridonex ha despedido a más de 600 trabajadores que apoyan a SNITIS, sindicato que fue creado luego de que la protesta obrera en 2019 obligara a las maquiladoras en Matamoros a aumentar los salarios”.

“Los obreros de Tridonex sufren a manos de un líder sindical corrupto y criminal, protegido por la empresa para continuar precarizando su salario y condiciones generales de trabajo”, dijo la líder sindical Susana Prieto.

Consultados al respecto, Héctor de la Cruz, socio de la firma de abogados De la Vega & Martínez, comentó que la AFL-CIO debería someter sus quejas a las autoridades mexicanas, “existen mecanismos previstos en la Ley Federal del Trabajo y los mecanismos de respuesta rápida del T-MEC, mediante los cuales se podría resolver de manera legal la defensa de los derechos de los trabajadores”.

Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, dijo que “urge que el gobierno federal sea proactivo ante la conducta de las empresas que se oponen a la libertad sindical”, y destacó que en la Ley Federal del Trabajo se prevé en el Artículo 149 Ter. que se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días de multa a quien niegue o restrinja derechos laborales.

pilar.martinez@eleconomista.mx