El impacto económico por el desabasto de gasolina podría afectar una décima de punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), estimó el sector privado.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) establece que “nadie puede estar en contra del combate al robo de combustible”, pero se requiere fortalecer las instituciones y el estado de derecho para enfrentar esta lucha.

“La mejor opción para erradicarlo es la colaboración de todos los sectores. Unos a través de la denuncia, otros dejando de participar en la venta de combustible ilegal, pero especialmente fortaleciendo las instituciones encargadas de combatir la corrupción, la inseguridad y todas estas prácticas ilegales, teniendo un estado de derecho mucho más fuerte en el que las reglas del juego sean prioritarias”, refirió.

El organismo aglutinado en el CCE acota que es claro que los responsables de instrumentar esta estrategia no consideraron los efectos de sus acciones. “Si bien podría haber un impacto positivo de corto plazo en contra de la delincuencia, debido a que sin combustible en ductos pues no hay que robar, una vez que se pongan en operación podría reiniciar la actividad delictiva de robo de combustibles”.

Decidir cerrar los ductos por los cuales se transporta el combustible con el objetivo de evitar que los delincuentes pudiesen drenarlos, y sustituir su distribución mediante una flotilla limitada de camiones tanque, fue rebasada significativamente por la demanda estacional de finales de año.

Los analistas del sector privado explican que mientras se continúa minimizando el problema al informar que no hay escasez del producto, puesto que existen los inventarios necesarios para cubrir las necesidades de combustible, el hecho es que la incapacidad de abastecerlo eficientemente comienza a generar desequilibrios en la actividad productiva.