El futuro alcanzó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El órgano antimonopolios mexicano anunció que inició una investigación para indagar prácticas anticompetitivas en las plataformas de comercio electrónico y servicios relacionados, con lo que se suma a una tendencia creciente en la práctica de las agencias antimonopolios en otras latitudes de escrutar las conductas competitivas de la nueva economía digital.

Ayer, la Autoridad Investigadora de la Cofece informó que tiene indicios para suponer que uno o varios agentes económicos que operan en las plataformas mencionadas cometieron prácticas monopólicas relativas, como pudieron ser la realización de compras o ventas atadas, depredación o discriminación de precios, elevación de costos del rival, negativa de trato o discriminación de acceso, entre otras.

En virtud de lo anterior, inició una investigación de oficio —bajo el número de expediente IO-002-2017— que podría tomarle hasta dos años y medio si agota los términos legales de que dispone según la Ley Federal de Competencia Económica (un periodo de 120 días hábiles prorrogable hasta por cuatro veces por el mismo lapso), En general, existen dos tipos de plataformas de comercio digital, aquéllas donde el dueño de la plataforma oferta sus productos para que el público en general los compre (Walmart.com, Liverpool.com, etcétera) y plataformas que sirven para conectar a un comprador y vendedor (MercadoLibre, Kichink, entre otras). Ambas están siendo objeto de la investigación de la Cofece, comentó en entrevista Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora del órgano regulador.

Pero además, aclaró, se indaga también a todos los servicios inherentes a las ventas digitales, como servicios logísticos o plataformas de pago. En esencia, lo que la Cofece investiga es si alguna empresa dominante o con poder sustancial de mercado de cualquiera de estos sectores actuó para desplazar a un competidor del mercado, impedirle el acceso o para generar ventajas exclusivas.

Durante el 2016, el valor del comercio digital en México creció 28.3% y ascendió a 329,500 millones de pesos, monto que equivale a 13 veces 24,500 millones de pesos que se facturaron en el 2009, de acuerdo con datos de la Asociación de Internet.mx (antes Amipci). Según la misma asociación, a mediados del 2017, tres de cada cuatro usuarios mexicanos de internet realizaron una compra en línea.

“Si bien las plataformas de comercio electrónico representan más opciones de compra, así como presión competitiva para quienes comercializan a través de mercados tradicionales los mismos bienes y servicios, las autoridades de competencia deben vigilarlos para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia”, dijo la Cofece en su comunicado.

De acuerdo con datos de la agencia de medición de mercados Euromonitor, las cinco mayores empresas del e-commerce en México son Mercado Libre, que en el 2016 facturó 434.6 millones de dólares, Linio (265.4 millones), Amazon (253 millones), Walmart (252.2 millones) y Liverpool (79.1 millones); sin embargo, estas empresas participaron con apenas 7.2% de las ventas totales del mercado.

Abuso de mercado

Con base en análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor, a finales de marzo del año pasado, El Economista publicó que Amazon y Mercado Libre imponen en México condiciones abusivas a los vendedores que utilizan estas plataformas para conectar con sus posibles clientes, aprovechándose de la amplia penetración que tienen en el mercado.

Sin prejuzgar al respecto, López Rodríguez comentó que prácticas de esta naturaleza pueden ser perseguidas como prácticas monopólicas relativas siempre que tengan por objeto el desplazar a algún agente económico competidor, impedirle el acceso o generar alguna ventaja exclusiva y siempre que sean perpetradas por un agente económico con poder sustancial de mercado.

Sobre la investigación abierta por la Cofece, recordó que si al término de ésta no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el pleno podría resolver el cierre de la investigación. En caso de que existan fundamentos que presuman una violación a la ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.

De comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta 8% de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta.

[email protected]