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CCE: Consulta a realizarse sobre NAIM, no puede reemplazar las responsabilidades de las instituciones del Estado
A tres días de que inicie la consulta ciudadana sobre si es viable el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador que esta práctica popular “no tiene ninguna validez ni consecuencia jurídica

A tres días de que inicie la consulta ciudadana sobre si es viable el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador que esta práctica popular “no tiene ninguna validez ni consecuencia jurídica y por ende no puede ser considerada legalmente vinculante”; ya que, afirmó: “brinda una clara señal de desconfianza”.
Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, sostuvo que la consulta a realizarse del jueves 25 de octubre al domingo 28, “no puede reemplazar las responsabilidades de las instituciones del Estado”, e independientemente de los resultados del ejercicio sin ningún amparo de ley, persiste un ambiente de incertidumbre y preocupación de inversionistas internacionales sobre los proyectos de infraestructura en México.
“La cancelación del NAIM tendría implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente riesgos reputacionales y de confianza en perjuicio de México y de futuros proyectos de gran envergadura, que requieren inversión nacional e internacional”, alertó.
A través de un comunicado, el empresariado mexicano sentenció que la suspensión del aeropuerto podría incluso significar un alto costo para la economía mexicana, que ya enfrenta señales negativas de algunas calificadoras ante pronósticos alarmantes en algunas áreas. “Una eventual cancelación, además, que sea fruto de una consulta que no cumple con requisitos legales mínimos, brinda una clara señal de desconfianza”.
Si bien es positivo buscar una mayor participación ciudadana para la toma de decisiones de gobierno, el CCE consideró que no existen las condiciones mínimas necesarias para que esta consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo.
México es una democracia representativa (artículos 39 al 41 de la Constitución), por ende la responsabilidad jurídica y política de las decisiones gubernamentales es del gobierno.