Para este año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se aprobó un monto cercano a 30,000 millones de pesos para impulsar proyectos de infraestructura a través del esquema Asociación Público-Privado (APP), expuso Úrsula Carreño, titular de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Este año son 30,000 millones de pesos en APP. Este techo se calcula sobre el gasto programable y son proyectos que se autorizaron en la Cámara de Diputados”, dijo en entrevista, luego de participar en el Seminario Nacional de Infraestructura 2018, donde también se celebraron 85 años de Banobras.

Detalló que dichos recursos son destinados para proyectos que empezarán a operar a lo largo de este año. Especificó que tan sólo para el mantenimiento de carreteras y la creación de un hospital se destinaron aproximadamente 4,000 millones de pesos bajo el esquema de APP.

La funcionaria refirió que para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) se están considerando recursos públicos para este y años posteriores, recursos por 5,500 millones de pesos.

“Son 5,500 millones de pesos que se autorizan anualmente al aeropuerto de recursos públicos. Lo que se está valorando ahora es que la parte complementaria (de inversión) se haga a través de esquemas de financiamientos nuevos con la Banca de Desarrollo, en particular con Nacional Financiera, Bancomext y Banobras”, indicó.

Expresó que el año pasado se hizo un esquema para la Fibra E con el fin de recabar recursos necesarios para lo que falta y continuar con el proyecto del nuevo aeropuerto.

Abundó que a inicios del 2013 sólo se tenía un contrato de APP como parte de los proyectos del gobierno federal, pero para este año ya son 22 proyectos en infraestructura, donde los riesgos serán asumidos tanto por el sector público como el privado.

Explicó que existen tres tipos de APP con los que trabaja el gobierno federal: el primero son los APP puros, con los que el gobierno paga una contraprestación al desarrollador privado para llevar a cabo la construcción.

El segundo son proyectos de APP combinados, donde una parte se paga con recursos públicos provenientes del PEF o de fideicomisos públicos; el tercer tipo de APP son los autofinanciables, los cuales se pagan con los ingresos propios de los proyectos.

SON TRANSPARENTES

Con respecto a los señalamientos que hizo la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública del 2016 sobre aplicar mayores medidas de transparencia sobre los recursos que se destinan a los APP, Carreño dijo que en el artículo 14 de la Ley de APP se indica claramente cuál es el proceso para llevar acabo estos esquemas de inversión.

“La última vez que se cambió el reglamento de la Ley APP, en febrero del año pasado, se dice claramente que las dependencias deben presentar los proyectos de APP a la SHCP en términos de la evaluación financiera y económica que se van a hacer”.

Al cuestionarle sobre el bajo gasto en inversión que ha hecho el gobierno federal en los últimos cuatro años, respondió que ello se derivó a los menores ingresos petroleros que obtuvo el gobierno federal como efecto de la caída en los precios del crudo a nivel internacional.

“La participación del gobierno federal es mitigar este impacto y buscar esquemas de financiamiento alternos para poder complementar la inversión pública; en este caso, los APP se vuelven ese esquema complementario a la inversión pública”, detalló.