Desde la creación de la llamada Lista Negra, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado a 9,663 empresas que simulan operaciones, es decir, que han emitido facturas falsas.

La última actualización de esta lista fue el 18 de junio pasado, en donde el SAT a cargo de Raquel Buenrostro, añadió a otros 100 contribuyentes más que no aportaron pruebas para desvirtuar la acusación de simulación de operaciones.

En tanto, en la página del SAT están publicados los nombres y RFC de otros 1,015 contribuyentes que presuntamente simulan las operaciones, los cuales están a tiempo para presentar pruebas y documentación que acrediten que no han hecho uso de comprobantes falsos.

La llamada Lista Negra del SAT entró en vigor en el 2014 y se sustenta en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en donde se precisa que cuando el fisco detecte que un contribuyente emite facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o comercializar bienes, o bien no se localiza al causante, se presumirá la inexistencia de las operaciones.

Al detectar a estos contribuyentes, el SAT les notifica a través de su buzón tributario y les otorga 15 días para que puedan desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a presumir la simulación de operaciones. En caso de no presentar los hechos o bien, el fisco determina que las pruebas son insuficientes, se considerará que el contribuyente sí simuló operaciones, y mediante el Diario Oficial de la Federación se actualizará su situación en el listado.

La semana pasada, el SAT y la Procuraduría Fiscal Federal dieron a conocer a 43 empresas que emitieron comprobantes fiscales apócrifos en el 2017, en donde están involucrados 8,212 causantes y se defraudó al fisco por 55,125 millones de pesos. Ante esto, se les dará a los involucrados hasta tres meses para que se regularicen ante el SAT o presenten pruebas y, en caso de no hacerlo, se presentarán querellas en contra de ellos.

Política de simulación

En días pasados, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal, declaró que antes “había una política de simulación”, ya que no se perseguía a aquellos contribuyentes que defraudaron al fisco a través de facturas falsas.

Añadió que si bien se actualizaba periódicamente el listado del 69-B, no se hacía nada por investigar a los causantes publicados. “Nunca se atacaron a estos contribuyentes. Se listaron sus nombres y todo quedó ahí”, señaló el funcionario.

Explicó que al fisco se le complicaba realizar las investigaciones correspondientes debido a que se deben tener áreas específicas para llevar a cabo el análisis, algo que buscan reforzar durante esta administración. “Nunca han sido bien vistos los recaudadores de impuestos y menos los que van contra los defraudadores fiscales”.

En entrevista con La Jornada, el procurador fiscal acusó de que en sexenios pasados el SAT era “un simulador y distractor” ya que sólo listaba a los contribuyentes y no había alguna sanción para ellos.

“A la Procuraduría Fiscal nunca enviaban esos procedimientos. Entonces, ¿realmente qué hacían? Proteger las operaciones de modo que nunca llegara a temas penales y que nunca hubiera mayor sanción a las empresas”.

¿Qué son las empresas factureras?

Son aquellas empresas que emiten facturas de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Con estas facturas se pueden aumentar falsamente los gastos de las empresas para disminuir el pago de impuestos, con lo cual estarían realizando una defraudación fiscal.

Además permiten encubrir pagos de actividades ilegales —como sobornos, secuestros, venta de drogas, entre otras—, disfrazándolos de operaciones de compra-venta de bienes y servicios inexistentes.

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