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Regla de balance estructural en las finanzas públicas, aprobada en Pleno
Se establece que el gobierno podrá incurrir en déficit cuando la economía pase por una mala época y regresar al superávit cuando mejore ésta.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 429 votos, 44 en contra y una abstención, la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Los cambios avalados por los diputados permitirán aplicar por primera vez la regla de balance estructural en las finanzas públicas, como lo hacen otros países como Chile.
Además, se autorizó la creación del Fondo de Ahorro Soberano, poner un techo al gasto corriente y establecer metas a los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).
Se establece que el gobierno podrá incurrir en un déficit cuando la economía pase por una mala época y regresar al superávit cuando se restablezca la situación e incluso se ahorrarán los ingresos extraordinarios o se podrá pagar deuda por adelantado.
La reforma también prevé que la Secretaría de Hacienda establecerá metas anuales para los RFSP que incluyen los Pidiregas, deuda del IPAB y otros gastos contingentes, para que sean acordes a una deuda sostenible.
Hay que recordar que para el 2014 se estima que estos requerimientos financieros representarán 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB).
La reforma pone también un techo al gasto corriente y se eliminan los fondos de estabilización que ya cumplieron con su propósito, como el de infraestructura para Pemex y el que se creó para reestructurar las pensiones de los estados.
De esta forma, el gobierno federal tendrá un nuevo Fondo de Ahorro Soberano que contará con saldos máximos para que dispongan de recursos suficientes para cumplir con su objetivo de compensar interanualmente desviaciones de los ingresos presupuestarios.
Este fondo se llenará con 75% de los ingresos excedentes para contar con un ahorro de largo plazo, que pueda ser utilizado para pago anticipado de deuda.
Con lo cual, se pretende generar beneficios para generaciones futuras y que sirvan como una provisión responsable de largo plazo ante cambios estructurales de las finanzas públicas.
