México y Colombia podrían alcanzar una cultura de integridad más sólida, incorporando las políticas anticorrupción al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y fortaleciendo al sistema de contribución interno en las instituciones públicas, observaron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Ésta sería una medida que ayudaría a fortalecer el Estado de Derecho, avanzar en la recuperación de la confianza y se vería como un paso a reparar “la desconexión creciente entre los ciudadanos y las instituciones”.

Al interior del reporte anual sobre las Perspectivas Económicas de América Latina Repensando las Instituciones para el Desarrollo, expertos de los tres organismos enfatizaron que para conseguir “Estados confiables, se tiene que fortalecer el Estado de Derecho y los sistemas regulatorios” en la región.

Actualmente, generan “poca o ninguna confianza en los gobiernos nacionales”. Reconocieron que “el débil funcionamiento del Estado de Derecho en América Latina y el Caribe aumenta la probabilidad de captura de las políticas, así como el crimen y la corrupción”.

Recomendaron como una prioridad “una estrategia amplia para fomentar instituciones judiciales independientes y eficaces”.

Tomaron por buen ejemplo de esfuerzos institucionales para conseguir Estados confiables “la operación Lava Jato, en Brasil, resultado de una amplia reforma judicial que desde fines de los años 80 creó una procuraduría independiente con un mandato vitalicio y protección contra las represalias políticas” y que involucró a políticos y empresarios de aquel país.

Los organismos internacionales argumentaron que la clase media regional se siente desconectada de las instituciones, decepcionada de los servicios públicos que ofrecen los gobiernos y harta de la corrupción que prevalece en la región.

“Cuando la clase media alcanza niveles de al menos 30% de la población, sus miembros logran un poder colectivo que les permite exigir mejores bienes y servicios públicos con mayor eficacia”, dice.

Una clase media demandante

En el documento, detallaron que la expansión de la clase media representa 34.5% de la población regional, que es 21 puntos porcentuales más que en el 2001.

Este grupo gana entre 10 y 50 dólares al día (paridad de poder adquisitivo en el 2001) y alrededor de 24% de la población se considera pobre, con ingresos inferiores a 4 dólares al día. Adicionalmente, refieren que en la región hay “apreciaciones subjetivas de pertenencia” que indican que la proporción de la población se considera a sí misma “clase media, es aún mayor, de 40%” según el Latinobarómetro del 2015.

Esto sugiere que algunas personas tienen aspiraciones que corresponden a la pertenencia de la clase media, aunque su nivel de ingreso no sea necesariamente el que se atribuye a este grupo.

En el documento consideran que la expansión de la clase media, que representa más de un tercio de la población regional por primera vez en décadas, no ha tenido grandes repercusiones en el diseño de políticas públicas y del funcionamiento mismo de la democracia.

Desafíos económicos detrás

La desconexión entre la sociedad y las instituciones también está motivada por un crecimiento insuficiente y la gran desigualdad que aún persiste, en un contexto de gran incertidumbre.

“La confianza en otras instituciones como el sistema judicial o las elecciones también se deterioró, al tiempo que ha crecido la insatisfacción con la calidad de los servicios públicos”, revela.

En el análisis divulgado desde París, sede de la OCDE, consignan que esta desconexión entre ciudadanos e instituciones es también reflejo de una serie de desafíos socioeconómicos.

“Entre otros, destacan las grandes desigualdades de origen socioeconómico, de género o localización geográfica, los bajos niveles de acceso a la educación y competencias o el predominio de empleos informales y de mala calidad”, indica.

Por una cultura anticorrupción

En el documento, precisan que “la mayoría de los países de América Latina ya han dado prioridad a las políticas anticorrupción”.

Pero acotan que “hacer cumplir las políticas y promover una cultura más amplia de integridad en las instituciones públicas y privadas sigue siendo un reto”.

Los expertos de los tres citados organismos internacionales precisan que “las demandas de los ciudadanos requieren un Estado que cumpla sus funciones”.

Actualmente, consideran que las administraciones públicas enfrentan obstáculos que reducen y hasta anulan su capacidad para responder a las exigencias de los ciudadanos y satisfacer sus objetivos.

Encontraron que los grupos e intereses privados interfieren en el funcionamiento del Estado. Además, las capacidades institucionales por lo general “son aún débiles, limitando la aplicación e implementación de las políticas”.

Renegociación del TLCAN, con efectos en AL

La actividad económica en México, sobre todo la inversión y el consumo, se verán afectadas por la incertidumbre, resultado de la inflación creciente y el aumento en las tasas de interés, advirtieron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Comisión Económica para América Latina y la Corporación Andina de Fomento.

Al interior del reporte anual sobre las Perspectivas Económicas de América Latina, expertos de los tres organismos enfatizaron además que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como las posibles reformas fiscales en Estados Unidos, podrían tener consecuencias en las inversiones de la región.

Sugieren aprovechar el “amplio potencial no explotado” que ofrece la integración regional, pues consideran que será “la respuesta política más eficaz que pueden adoptar ante un entorno comercial global desafiante”.

Esta medida puede favorecer a la región a salir de la llamada “trampa del ingreso medio” pues se fortalecería el comercio intrarregional como fuente de expansión económica, reforzando la productividad y el crecimiento potencial a través del comercio. Y a la vez, “un mercado regional más integrado multiplicaría el atractivo de América Latina en las negociaciones comerciales con socios extrarregionales”.

Advierten que se debe demostrar que el comercio ha sido beneficioso, “ha traído acceso sin precedentes a los bienes y servicios para los hogares de economías de ingresos medios y bajos”. Enfatizan que la integración de AL en cadenas globales de valor es débil o mínima con respecto a otras regiones y sugieren una mayor interconexión que promueva el desarrollo económico y facilite la participación entre empresas.

[email protected]