Con discusión inmediata, es decir, con un plazo de tres días para su análisis en general y particular por cámara, el Gobierno chileno envió al Congreso el llamado proyecto de ley corta de pensiones. Un movimiento de piezas de parte del Ejecutivo que busca ponerle presión al oficialismo y a la oposición de cara a la votación en particular del cuarto retiro del 10% de fondos desde las AFP.

En una ceremonia en La Moneda donde estuvo acompañado del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda; y del Trabajo, Patricio Melero, el presidente, Sebastián Piñera, insistió en sus argumentos para que no avance el cuarto retiro.

El mandatario destacó que el IFE beneficia a cerca de 16 millones de compatriotas y la ley corta pretende mejorar las pensiones a través del incremento de su monto y la ampliación de la cobertura del Pilar Solidario.

“Así, la necesaria ayuda del presente no compromete las pensiones futuras, las que aumentan en forma permanente con este Proyecto, que esperamos sea aprobado con un sentido de urgencia por el Congreso”, dijo. Piñera indicó que el proyecto incrementa la Pensión Básica Solidaria (PBS) a $178,958 mensuales (228 dólares). "Así aseguramos a todos los adultos mayores una pensión por sobre la línea de la pobreza", que hoy está en $177,000 (225 dólares), planteó la autoridad.

También señaló que se aumentará la cobertura del Pilar Solidario, que hoy beneficia al 60% de la población, al 80%, lo que significa la incorporación de más de 500,000 adultos mayores al beneficio.

El tercer elemento –dijo- es "ampliar la cobertura del seguro de lagunas previsionales a todos los beneficiarios del seguro de cesantía, así se soluciona el problema de las algunas previsionales" que afectan el monto final de las pensiones.

El mandatario informó que el costo de este proyecto es de 1,100 millones de dólares, un 0.33% del PIB, "y dado que este proyecto implica gastos permanentes, se incorpora un financiamiento permanente", eliminando y reduciendo algunas exenciones.

Piñera dio a conocer cuáles serán las exenciones y beneficios tributarios que buscará eliminar o restringir para solventar el aumento de la cobertura del Pilar Solidario.

Apuntó a cinco tópicos: modificar los beneficios que permiten recuperar parte del IVA para las empresas constructoras, los que autorizan a beneficiarios de viviendas DFL-2 a acceder a menores pagos de impuestos, tocar la exención de impuesto a la renta para las ganancias de capital en instrumentos bursátiles líquidos, gravar con IVA algunos servicios y acotar la exención en el impuesto a las herencias que favorece a los seguros de vida.