La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció a México por introducir “múltiples reformas” en los últimos años para combatir la prevalencia de asesores fiscales que ayudan a evadir impuestos.

“Estas reformas legislativas incluyen la modificación de las leyes federales para incluir formalmente los delitos fiscales en el catálogo de crímenes de delincuencia organizada, que estaban específicamente destinados a abarcar y atacar las actividades de los asesores fiscales”, consigna el informe “Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes”.

De esta manera, se amplía lo acordado en la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, con lo que las autoridades mexicanas tienen más recursos en técnicas especiales de investigación como las operaciones encubiertas, protección de testigos y la intervención de comunicaciones privadas.

Además, con los cambios en la ley se permite la confiscación de activos relacionados con delitos de delincuencia organizada, sin que exista un veredicto, para interrumpir las actividades del asesor fiscal y así garantizar que los activos decomisados estén asegurados.

Del mismo modo, la OCDE toma el caso particular de la modificación a la Ley de Seguridad Nacional para añadir ciertos delitos fiscales agravados como actos contra la seguridad nacional; por ejemplo, cuando la falsificación documentos es facilitada por un asesor fiscal.

“Esta legislación permite a los tribunales mexicanos ordenar la prisión (como medida preventiva) a los acusados de participar en un delito fiscal agravado y refuerza los recursos de que dispone la autoridad fiscal mexicana en estos casos”, puntualiza el informe.

Por su parte, en el Código Penal Federal se modificó la responsabilidad que tienen la mayoría de las entidades corporativas en los delitos fiscales, para asegurar que las que permitan los delitos queden “atrapadas en la red del Código Penal”.

La OCDE especificó que el conjunto de reformas promulgadas por el gobierno mexicano para evitar la evasión fiscal, reflejó la gravedad del problema y la necesidad de que las autoridades tuvieran facultades necesarias en la legislación con el fin de investigar, enjuiciar, sancionar y disuadir las actividades ilícitas.

valores@eleconomista.mx