Para este año hay 13 dependencias que aún tienen un presupuesto por concepto de seguro de gastos médicos mayores para sus trabajadores, de acuerdo con el análisis que realizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El centro explicó que, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este año, a 23 dependencias se les eliminó este rubro, sin dar detalles de cuántos fueron los trabajadores de gobiernos afectados.

Sin embargo, todavía hay 13 secretarías con esta prestación, no obstante su presupuesto presentó una reducción de 76.5% en términos reales respecto al 2018 al sumar 1,168 millones de pesos. En el presupuesto del 2018 se otorgaron 4,975 millones de pesos.

“Lo que llama la atención es que el total de la partida (de seguros) se elimina, pero no en todas las dependencias. La eliminación de esta prestación es parte de la política de austeridad que se ha definido y no sabemos exactamente por qué en unas secretarías sí y en otras no”, declaró Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del CIEP.

Fuentes cercanas al tema refirieron que este gasto se mantiene debido a que no todos los contratos de seguros finalizaron en diciembre, sino que algunos tenían una fecha de vigencia hasta la primera mitad del 2019.

Además, Mario Di Costanzo, consultor financiero, coincidió en que si bien algunos contratos acaban hasta este año, el que se presupueste dinero para este rubro se podría considerar una falta, ya que la partida, por ley, se eliminó.

“Es muy complicado romper un contrato de manera rápida, pero en estricto sentido las dependencias que lo estén otorgando están violando la ley porque no tienen partida de dónde tomarlo. No tendrían por qué estarlo pagando”, aseveró.

No obstante, precisó que algunas secretarías pueden seguir con el contrato si son entes autónomos, es decir, con autonomía presupuestaria como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Poder Judicial.

Sugirió que, a lo largo de este año, se vigile el gasto de estas secretarías, ya que si bien lo destinado a los seguros de gastos médicos está presupuestado puede que, al final, no lo estén ejerciendo.

Las que otorgan la prestación

Entre las dependencias que para este año aún presupuestaron dinero para el seguro de gastos médicos se encuentra, en primer lugar con el mayor gasto, la Secretaría de Gobernación, con 410 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Educación Pública, con 351 millones, y la Procuraduría General de la República, con 170 millones.

Asimismo, el Poder Judicial contempla en su presupuesto un gasto de 110 millones de pesos; el Poder Legislativo consignó 38 millones y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología prevé un gasto de 25 millones.

También está la Secretaría de Economía, con un gasto de 13 millones de pesos; la Secretaría de Turismo, con 11.3 millones; Relaciones Exteriores, con 9.9 millones; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con 8.6 millones; la Oficina de la Presidencia de la República, con 8.1 millones; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con 7.3 millones; así como el rubro de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, con un gasto de 3.3 millones.

En la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se eliminaron las prestaciones que tenían funcionarios de gobierno, como el seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida y el seguro de separación individualizada.

Presión no sólo para el ISSSTE

Judith Senyacen Méndez refirió que la cancelación del seguro de gastos médicos mayores no sólo será una presión para el ISSSTE, como se ha venido comentando en los últimos meses, sino también para el gasto de bolsillo en salud que hacen las familias mexicanas.

El gasto de bolsillo en salud es el gasto que las familias destinan, a través de gastos directos, a solventar los distintos requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas sus necesidades alimentarias. En promedio, los países miembros de la OCDE tienen un gasto de bolsillo en salud de alrededor de 20 por ciento. En México, este gasto es de 41.4 por ciento.

“Sí podría hacer presión en la atención que otorga el ISSSTE; sin embargo, ya existe a través de las listas de espera. Lo que ha hecho esa presión es que los servicios privados tengan una tasa de atención arriba de 200 por ciento. Esta presión es al gasto de bolsillo porque, si uno no recibe un servicio eficiente o mayor inversión en la salud, se prefiere ir a un privado”, explicó.

Añadió que mientras que los servicios privados tienen una tasa de atención de 200%, el ISSSTE tiene una de 58%, es decir, aproximadamente 6 de cada 10 personas afiliadas acuden ahí, mientras que los cuatro restantes no se atienden o terminar en los privados.

“Es un buen inicio para hablar de qué sistema de salud vamos a querer, porque de una manera se están quitando los privilegios de que algunos tenían un seguro privado, otros no. Ahora todos ellos se van a atender en el ISSSTE y por ello ahora hay que voltear a ver cuáles son los niveles de desempeño que tiene este. La realidad es que una persona afiliada al ISSSTE no necesariamente se termina atendiendo ahí, en los últimos años se ha incrementado el uso de servicios privados. Se generan ahorros en el sector público, pero se debe cuidar que no afecte el gasto de bolsillo”, finalizó.

De acuerdo con estimaciones de Mario Di Costanzo, en el gobierno había alrededor de 500,000 pólizas de gastos médicos mayores. Estas cubrían alrededor de 2 millones de personas con enfermedades, el seguro no sólo cubría al funcionario, sino también a su cónyuge e hijos.

A diciembre del 2017, la prestación de este seguro generó un costo al gobierno de aproximadamente 2,700 millones de pesos.

Al migrar al ISSSTE, este costo tendría un impacto económico de 4,080 millones de pesos debido a la demanda que pudiera existir de atención a padecimientos de alto costo.