La centralización de los fideicomisos públicos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como se plantea en el proyecto de dictamen de ley de austeridad republicana, es un buen paso para mejorar la transparencia de los recursos que manejan, pues si bien son un buen mecanismo de administración de recursos, se cometieron muchos abusos por parte de las dependencias públicas y gobiernos locales, comentaron expertos.

Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), consideró que en un inicio la idea de los fideicomisos no era mala, ya que algunas dependencias los utilizaban para guardar recursos que no empleaban del presupuesto que se les asignaba.

Era una herramienta que evitaba regresar a la Tesorería el dinero que sobraba, pues cuando las dependencias requerían de recursos tenían que solicitarlos a la misma, y a veces era un proceso tardado, por lo que veían fácil hacer el fideicomiso, explicó.

“El problema es que la figura del fideicomiso se pervirtió en varios sentidos, entre ellos: son muy opacos desde las reglas de quién los contrata, con qué comisiones, y las reglas de operación no eran claras; entonces, se prestaron para muchos excesos”.

De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los fideicomisos son una figura jurídica a la cual incurren las entidades y organismos gubernamentales para disponer de recursos públicos. Sin embargo, el dinero que se tenía en los fideicomisos se movía sin vigilancia ni supervisión alguna.

Con los recursos de los fideicomisos se podían administrar bienes, prestar servicios públicos, gestionar donaciones para la asistencia pública, operar carreteras, gestionar negocios, realizar desembolsos, pagar primas de antigüedad, asegurar pensiones, jubilaciones y fondos de ahorro, por mencionar algunos.

Villarreal recordó el caso del Poder Judicial, el cual cuenta con un fideicomiso muy cuantioso para garantizar las pensiones de sus trabajadores.

El fiscalista Herbert Bettinger comentó que el esquema legal que se tiene en los fideicomisos es el correcto, “el problema es que cualquier secretaría o unidad económica de Estado podía generar fideicomisos. Al momento de crearlos se congelaban prácticamente los recursos y se creaban discrecionalidades para su manejo, además se perdía mucho la administración de los recursos”.

Se manejan recursos por hasta 4.2% del PIB

El monto que se encuentra en los fideicomisos se desconoce ante la opacidad con que se han manejado, pero según un análisis de Fundar, los fideicomisos a nivel estatal y nacional manejaban recursos superiores a 800,000 millones de pesos al cierre del 2018; el monto fue equivalente a 15.82% del presupuesto total de la Federación de ese año.

Por su parte, el director del CIEP estima que los recursos que manejan los fideicomisos son por alrededor de 500,000 millones de pesos, es decir, 2% del PIB.

Por ello, ve positivo que se busque centralizar los recursos de los fideicomisos en la Secretaría de Hacienda, pues ello devuelve el espíritu de esta figura.

“El que tengamos un catálogo público lo veo con muy buenos ojos; el que se topen los recursos de los fideicomisos impone una mayor disciplina en la forma en que se gastan los recursos”.

Para el fiscalista Bettinger será una tarea muy difícil para Hacienda administrar y controlar todos los fideicomisos, pues son más de 300. Aunque admitió que tampoco es una tarea imposible.

De acuerdo con el dictamen, el monto máximo de dinero público permitido en los fideicomisos públicos constituidos no podrá ser mayor a 0.5% del presupuesto total asignado a cada uno de los entes públicos.

En caso de que dicho porcentaje aumente por las ganancias financieras derivadas de la operación del fideicomiso, el excedente deberá enterarse a la Federación.

Año con año, el Presupuesto de Egresos de la Federación asigna recursos a diferentes fondos y fideicomisos

Ya existían reglas

El diputado priista Fernando Galindo comentó que no quedan claros los cambios que se quieren hacer en los fideicomisos, pues ya existen leyes que regulan su funcionamiento, control y aprobación de recursos, tales como la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la ley de adquisiciones y obras públicas.

“La LFPRH establece que la SHCP es la única entidad que puede aprobar y depositar recursos en un fideicomiso, además, lleva un registro de los recursos y se informan en los reportes trimestrales”, abundó.

Criticó la falta de seriedad de la propuesta de Morena, pues han circulado diferentes dictámenes de la propuesta y no queda claro cuál es el verdadero. “Han circulado varias versiones de dictámenes, en algunos se establecía que los rendimientos fueran para pagar deuda, pero luego vimos otro dictamen donde no venía esa opción”.

Dentro del dictamen de la ley de austeridad republicana del Estado se propone prohibir la constitución de fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que tengan por objeto omitir el cumplimiento de las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.

Hacienda será la única que podrá constituir fondos o fideicomisos. Los recursos que se obtengan de la eliminación de fideicomisos se destinarán al pago de deuda pública.

Dicha dependencia se encargará de crear un registro público de cada fideicomiso para ofrecer información regular, oportuna y veraz; así como publicar sus estados financieros. Además, deberá establecer comités técnicos integrados con servidores públicos que sean sujetos de responsabilidad y ciudadanos que aseguren su transparencia.

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