La Comisión Europea (CE) pidió, a los 21 Estados miembros de la Unión Europea (UE) con un salario mínimo asegurado por ley, fijar criterios para su establecimiento, y apostó por reforzar las inspecciones para confirmar que los trabajadores reciban el nivel mínimo de ingresos.

Estos planes se incluyen en una nueva propuesta de directiva que, sin embargo, no fija los niveles concretos de esos sueldos en el conjunto del club comunitario o en cada Estado miembro, labor que no figura entre las competencias de la Unión Europea.

Para los países con salario mínimo establecido por ley, la CE plantea fijar criterios “claros y estables” para determinar los salarios mínimos y llevar a cabo actualizaciones regulares y oportunas. Entre esos criterios nacionales, Bruselas plantea incluir el poder adquisitivo de los salarios mínimos, el nivel general de los sueldos brutos y su distribución, la tasa de crecimiento de los salarios brutos y la evolución de la productividad laboral.

La iniciativa de la Comisión también llama a reforzar los controles y las inspecciones de campo para garantizar que los empleados accedan de manera efectiva al sueldo mínimo.

También se pretenden limitar las variaciones y deducciones sobre el nivel del salario mínimo “para grupos específicos de trabajadores” y garantizar la implicación de los actores sociales a la hora de fijar el sueldo.

Esas exigencias sólo se aplicarán a los 21 Estados miembros que han establecido un salario mínimo por ley, entre ellos España, que lo tiene fijado en 950 euros al mes. Frente a esos 21 países, seis Estados miembros (Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria, Chipre e Italia) no han fijado un salario mínimo por ley, sino que lo pactan mediante la negociación colectiva.

A esos socios comunitarios, así como a los otros 21, Bruselas les pide incrementar la cobertura de la negociación colectiva, en particular, apoyando la capacidad de los interlocutores sociales y fomentando las negociaciones sobre salarios entre ellos.

De hecho, si la cobertura de la negociación colectiva es inferior a 70%, los países tendrán que establecer “un marco de condiciones propicias” para la negociación colectiva, ya sea por ley o mediante un convenio con los interlocutores sociales.

También se deberá establecer un plan de acción para promover la negociación colectiva.

Asimismo, se exigirá a los 27 una mayor monitorización y control sobre la aplicación efectiva del salario mínimo, incluido el desarrollo de instrumentos eficaces para recopilar datos, con la obligación de informar cada año a la Comisión.

Se prevén sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasorias” en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales sobre protección del salario mínimo.

La razón de que los países sin niveles mínimos fijados por ley tengan menos requisitos que cumplir es que en esos países los problemas salariales son menores, según indicaron fuentes comunitarias.

En cualquier caso, la propuesta de directiva no fija un salario mínimo a nivel de toda la UE y tampoco obliga a los países sin sueldo mínimo asegurado por ley a introducirlo ni interfiere en las competencias de los agentes sociales, de acuerdo con las mismas fuentes.