La decisión del Banco de México (Banxico) de aumentar en 25 puntos base la tasa de interés para ubicarla en 7.25% representará una presión para cumplir las metas fiscales que se tienen para el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, indicaron expertos en finanzas públicas.

“Sin lugar a dudas, les genera nuevos retos a las finanzas públicas, porque el gobierno tiene que trabajar en cómo generar una viabilidad y sostenibilidad, es decir, que los ingresos que tengan sean suficientes para soportar sus gastos y el pago de intereses”, expuso José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Comentó que esta presión sobre las finanzas públicas se tiene que maniobrar desde el año que entra para ir generando un espacio financiero que permita cumplir con las obligaciones que tiene el gobierno federal.

“De no hacerlo, si hay menor crecimiento y menores ingresos evidentemente implicará ajustes fiscales que es lo que ha hecho el gobierno desde el 2015 con recortes a la inversión y otros gastos para tener más ingresos”, detalló.

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria mencionó que el superávit primario de la deuda que contempla el gobierno para el cierre del 2018 podría ser menor a lo que contempló, pues es posible que el costo financiero de la deuda se incremente con el alza en tasas.

“En la medida en que haya una recomposición de deuda hacia lo interno, el alza en las tasas te pega directo en el servicio de la deuda, lo que pudiera llevarnos quizá a un replanteamiento de la cartera de deuda (...) el efecto es directo particularmente porque en general los plazos de vencimiento por parte del gobierno se han venido reduciendo”.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica del 2018, una de las metas del gobierno federal es lograr un superávit de 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB), que en montos absolutos suma 197,295 millones de pesos.

Este superávit es mayor al que se contemplaba para el cierre de este año de 0.4% del PIB, el cual se mejoró a 1.5% por el remanente de operación que recibió el gobierno federal por parte del Banco de México.

Otra de las metas fiscales del gobierno es reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda— el cual contempla que se ubique en 47.3% del PIB para el cierre del 2018.

MAYOR IMPACTO SI LAS TASAS SUBEN MÁS

Para James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CI Banco, el alza por parte del Banxico representa un impacto limitado sobre las finanzas públicas; se tendría si el próximo año se elevaran más.

“Estos niveles de aumento no (impactan todavía) el margen que trae el gobierno, con el remanente y las políticas fiscales podrían ayudarlo a cumplir su consolidación fiscal (...) podría afectar si Banxico entra en una trayectoria de subida de tasas el próximo año, lo cual lo vemos complicado”.

Admitió que donde sí se tendría un impacto significativo es en el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), ya que ello implicaría un encarecimiento de la deuda externa.

“Para el siguiente año, la Fed prevé una trayectoria alcista de las tasas, lo que también tendría un efecto sobre el costo financiero de la deuda, pero el Banxico no prevé más aumentos, lo que dará efectos moderados sobre las finanzas públicas”.

El director del IDIC agregó que si el gobierno decide emitir nueva deuda interna, ello también representará un mayor costo financiero, el cual actualmente rebasa los recursos que se presupuestaron para la inversión física para este año.

“La nueva deuda que se contrate para pagar deuda anterior se va a contratar a una tasa más alta, entonces esto se va a ver reflejado en el mediano y largo plazo”.

Es decir, cuando se hagan los cálculos de lo que debe el gobierno y lo que tiene que pagar en los siguientes años va a ser a tasas más elevadas y la prospectiva de los Requerimientos Financieros del Sector Público para dentro de tres o cinco años va a empezarse a incrementar, concluyó.

elizabeth.albarran@eleconomista.mx