Lectura 5:00 min
El Infonavit y la polémica sobre la regularización de viviendas invadidas: ¿protección o ilegalidad?
Algunos sectores critican la legalización de ocupaciones irregulares, mientras que otros defienden una solución que resuelva el abandono de propiedades sin afectar los derechos de propiedad

Ante las intenciones del gobierno federal de tener un diagnóstico de los hogares abandonados en el país y corregir la situación , el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vuelve a estar en el centro de la polémica tras las declaraciones de su director, Octavio Romero, de dar opciones cuando se trate de invasiones ilegales de estos espacios.
En este escenario, distintas opiniones han surgido, las cuales muchas de ellas señalan que se regularizaría la invasión ilegal de casas abandonadas, lo cual atentaría contra la propiedad privada.
Te puede interesar
Sin embargo, más allá de la polémica surgida, es importante entender de qué va la propuesta, los números al respecto y el aspecto legal que envuelve el tema de las casas abandonadas en el país.
Planteamiento
Desde marzo pasado, Octavio Romero, titular del Infonavit, informó sobre la realización de un censo en colaboración con la Secretaría del Bienestar para analizar la situación de las casas emproblemadas que fueron adquiridas con un crédito de este organismo.
Al inicio, se habló de un espectro total de 400,000 hogares en dicha situación; sin embargo, las más recientes cifras informadas por el mismo titular del Infonavit arrojaron un total de 843,000 hogares.
La intención de este censo es identificar dos cuestiones:
Vivienda ocupada:
- Ya sea por un acreditado pero que tiene problemas para liquidar su financiamiento.
- Por un tercero con consentimiento del acreditado.
- Se encuentre invadida ilegalmente.
Vivienda desocupada:
- Se encuentre abandonada.
- Haya sido vandalizada.
De acuerdo con Romero Oropeza, hasta el momento se tiene el diagnóstico exacto de 168,000 viviendas, de las cuales 145,000 están habitadas y 23,000 deshabitadas o vandalizadas.
“De estas 168,000 (casas), 145,000 están habitadas, no abandonadas, están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito, pero que ya no pagan y la mayoría, por gente que, no teniendo vivienda, las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular”, detalló Romero Oropeza en su participación en la conferencia mañanera del pasado 16 de junio.
Las soluciones y la polémica
Con base en el censo que realice la Secretaría del Bienestar del universo de 843,000 hogares, el Infonavit busca proponer tres tipos de soluciones:
- Cuando es ocupada por un acreditado: Reestructurar el crédito por medio de su congelamiento, reducción de tasa, mensualidad y quitas al saldo.
- Cuando es ocupada por un tercero: Se regularizará vía el esquema de arrendamiento social con opción a compra.
- Cuando el inmueble esté desocupado o vandalizado: Se buscará rehabilitar el inmueble para otorgarse mediante un esquema de arrendamiento social con opción a compra.
Respecto al segundo punto, que fue el que desató la polémica, Romero Oropeza indicó que la intención es hablar con quienes habitan los inmuebles identificados para proponerles una solución, pero enfatizó en que no habría desalojos.
“Estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra. De manera que vayan pagando la renta y al mismo tiempo, la casa; y a los cuatro, cinco años sean ya dueños de su vivienda”, acotó.
Opiniones encontradas
Las declaraciones de Romero Oropeza provocaron voces en contra, principalmente del sector empresarial, el cual indicó que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen.
“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit— detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley”, fue la postura reflejada en un comunicado firmado por las siguientes asociaciones:
- La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles.
- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.
- La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.
- La Confederación Patronal de la República Mexicana.
- El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C.
- El Consejo Nacional Empresarial Turístico.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la medida no atenta contra la propiedad privada y no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, por lo que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto.
“Tiene que resolverse si alguien tiene alguna deuda con el Infonavit, para que no la siga pagando, atender lo que pagó y por qué no habitó. Por otro lado, sería absurdo que se mantuvieran abandonadas esas casas en condición de irregularidad”, declaró la mandataria.
El aspecto legal
Para Fernando Soto-Hay Pintado, director de Tu Hipoteca Fácil, para que el Infonavit pueda ofrecer esquemas sobre viviendas en situación de abandono, primero tiene que llevar a cabo procedimientos legales para que el organismo pueda ser propietario de los inmuebles. En este escenario, se plantean tres escenarios:
- Que el Infonavit recibió el inmueble como pago del crédito atrasado, por lo que hubo un traslado de dominio y se documentó una escritura pública.
- El Infonavit recibió de los desarrolladores el inmueble como pago, debido a las dificultades de los constructores para finalizar el proyecto.
- Procedimientos jurídicos que avalan que el Infonavit se adjudicó la propiedad.
“La Constitución establece claramente los límites de la propiedad privada, la propiedad pública, los derechos que tenemos los propietarios y existen delitos (sobre la invasión de propiedades)”, declaró Soto-Hay Pintado.
Hasta el momento, el Infonavit no ha informado si ya es propietario de los inmuebles que están invadidos y de los cuales prevé ofrecer esquemas de arrendamiento con opción a compra.
(Con información de Samanta Escobar)