Litigios laborales y tribunales saturados

Hablar de competitividad y crecimiento en México en 2025 inevitablemente nos lleva a poner sobre la mesa un tema que, aunque incómodo, ya no se puede ignorar: el desgaste del sistema de justicia laboral. 

Los conflictos entre trabajadores y empleadores ya no son la excepción, se han vuelto parte de la realidad laboral. Hoy, se han convertido en un fenómeno que impacta directamente a la estructura productiva del país, y la señal más clara de ese desgaste la vimos recientemente, cuando los propios trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los Tribunales Laborales suspendieron labores, evidenciando lo que miles de empresas y abogados ya saben: la carga de trabajo es insostenible, los procesos están desbordados y el sistema enfrenta retos urgentes.

Esta suspensión, que durante días detuvo los Tribunales Laborales en la Ciudad de México y afectó a las Juntas locales y federales, es mucho más que una protesta sindical. Es el reflejo de un sistema que, cinco años después de la reforma laboral de 2019, sigue operando al límite. La reforma trajo avances importantes y apostó por procesos más ágiles y eficientes, con Tribunales Laborales especializados y Centros de Conciliación que permitieran resolver los conflictos antes de llegar a juicio. Sin embargo, en la práctica, aún quedan muchos desafíos por atender.

Una parte fundamental de esos desafíos está precisamente en los Centros de Conciliación. La existencia de estos espacios representa un paso positivo para plantear soluciones y evitar que todos los conflictos escalen a tribunales. Pero también es cierto que, en muchos casos, las conciliaciones no logran el impacto esperado. Esto no necesariamente obedece a la falta de voluntad de quienes laboran ahí; al contrario, la mayoría de los conciliadores enfrenta las mismas condiciones que el resto del sistema: sobrecarga, falta de personal, recursos limitados y, en ocasiones, insuficiente capacitación, todo dentro de un modelo que todavía está en proceso de consolidarse.

A esto se suma un dato que explica gran parte del rezago: antes de la reforma, en la Ciudad de México existían veinte Juntas Especiales en materia local. Hoy, apenas hay nueve Tribunales Laborales para atender esa misma, o incluso mayor, carga de trabajo. La comparación habla por sí sola. Lejos de resolver los problemas estructurales, la falta de personal e infraestructura ha terminado por saturar el sistema, donde los conflictos se acumulan, los juicios se alargan y la promesa de una justicia pronta y expedita se enfrenta a una realidad compleja.

Mientras tanto, las empresas siguen acumulando litigios como parte de su operación diaria. Tener cien, doscientos o incluso trescientos juicios activos dejó de ser un escenario extremo. Hoy es parte de la realidad cotidiana, especialmente para empresas con alta rotación de personal o con operaciones grandes. Cada juicio implica recursos, tiempo, desgaste operativo y un riesgo permanente que afecta la estabilidad de la organización y distrae a los equipos legales de lo que debería ser su principal función: prevenir conflictos, garantizar el cumplimiento y construir relaciones laborales sanas.

Pero pensar que esta situación solo afecta a las empresas sería una visión incompleta. Los trabajadores también enfrentan las consecuencias. Para quienes atraviesan un despido injustificado, cada mes que pasa sin una solución representa incertidumbre económica y emocional. La justicia laboral debería ser un camino para recuperar la estabilidad, no una fuente de mayor desgaste. Sin embargo, hoy, incluso quienes buscan defender sus derechos se ven atrapados en un sistema lento y saturado, que claramente necesita reforzarse.

Lo preocupante es que esta dinámica termina normalizando la judicialización de las relaciones laborales. Y detrás de cada juicio no solo hay un expediente más en los tribunales, hay una oportunidad perdida de haber resuelto ese conflicto de forma directa, oportuna y sin desgaste. Y si algo ha quedado claro, es que tanto para el trabajador como para la empresa, un litigio nunca es un buen escenario. En el mejor de los casos, consume tiempo y recursos. En el peor, la relación laboral se quiebra y ambas partes terminan perdiendo.

Aquí es donde la reflexión se vuelve indispensable. No se trata de buscar culpables. Las empresas tienen, sin duda, una enorme responsabilidad en la prevención de los conflictos. Invertir en el cumplimiento, revisar los contratos, registrar correctamente a los trabajadores, pagar las prestaciones de ley y generar ambientes laborales sanos no solo evita juicios, también protege su operación. Pero también es cierto que los trabajadores deben llegar mejor informados y preparados a los mecanismos de conciliación, y comprender que, incluso cuando existen diferencias o inconformidades, buscar acuerdos sigue siendo la vía más efectiva.

Hoy, con un sistema judicial desbordado, con Centros de Conciliación que, a pesar de sus limitaciones, se esfuerzan por cumplir su función, y con autoridades conscientes de que aún hay mucho por mejorar, el mensaje es claro: no podemos seguir operando bajo la lógica de que el conflicto es inevitable y el litigio, rutinario. Si queremos un entorno laboral confiable y competitivo, el cambio debe empezar desde adentro. Desde las empresas, los trabajadores y las autoridades, con una visión compartida de prevención y construcción conjunta.

El mejor litigio laboral es, y seguirá siendo, el que no se presenta. Porque cuando las relaciones se basan en el respeto, el cumplimiento y el diálogo, los conflictos se resuelven a tiempo y el sistema funciona para beneficio de todos.

La estabilidad laboral no puede seguir dependiendo de cuántos juicios se contienen o cuántos procesos se resuelven tras años de desgaste. La verdadera estabilidad se construye desde la prevención y la corresponsabilidad. Y para lograrlo, trabajadores, empresas, autoridades y quienes forman parte del sistema de justicia laboral tienen que hacer su parte.