Certificación laboral en agroindustria, vía para prevenir quejas laborales por el T-MEC

La certificación laboral para la industria de agroexportación busca garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y el acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras en el sector, pero también podría ser u na forma de prevenir quejas ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

Tras la publicación de la reforma el pasado 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ha facultado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para validar que las empresas de la agroindustria cumplen con sus obligaciones en materia de seguridad social y derechos fundamentales.

En esa línea, Pedro Estévez, maestro en derecho laboral, afirma que la certificación actúa como un filtro preventivo, ya que, al ser un mecanismo formal y que puede ser auditable, acredita que los trabajadores cuentan con contratos y acceso a la seguridad social, lo que reduce las probabilidades de activar el MLRR.

Aunque la agroindustria es uno de los sectores más dinámicos de México, el porcentaje de informalidad es alto. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 83.3% de las más de 2.7 millones de personas que laboran en el campo no tiene un trabajo formal.

Lo anterior no solo se traduce en la denegación de derechos fundamentales para las personas trabajadoras, sino también en riesgos comerciales que, de no atenderse, podrían activar quejas ante el Mecanismo Laboral del T-MEC, el cual sanciona las violaciones a la libre asociación y negociación colectiva, entre otros derechos basicos. 

Certificación laboral en agroindustria exportadora incide en el T-MEC

Según datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la agroindustria es uno de los principales sectores exportadores de México, solo en el segundo trimestre de 2025 ascendió a 3.27 billones de pesos, equivalente al 9.1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que también implica una mayor exposición a la revisión de los socios comerciales y ante incumplimientos laborales, a posibles quejas bajo el MLRR.

El aguacate, por ejemplo, es uno de los productos más comercializados por México hacia Estados Unidos, el 80% de las exportaciones termina en ese destino, con ingresos superiores a los 3,500 millones de dólares anuales y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos, de ahí que la producción y regulación del trabajo en el campo sean clave.

“Buena parte de la reforma sobre certificación laboral está enfocada a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, que consume nuestros productos como el aguacate y lo que le interesa es que se estén cumpliendo los derechos laborales”, puntualiza Pedro Estévez.

El Capítulo 23 del T-MEC exige que los socios comerciales respeten los derechos laborales, pero cuando una empresa opera en la informalidad, como usualmente ocurre en el campo, se carece de la documentación legal necesaria para acreditar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial. 

El empleo informal en el campo no solo ha dificultado que las personas accedan a la seguridad social y los derechos laborales enmarcados en la Ley Federal del Trabajo (LFT), sino también a la formación de sindicatos y la firma de contratos colectivos legítimos, focos de atención en las quejas presentadas bajo el MLRR.

Esto es relevante porque el T-MEC establece que no se pueden exportar productos que hayan sido producidos violando las leyes del país de origen.

Pedro Estévez agrega que la certificación en la agroindustria será una forma de prevenir el trabajo forzoso e infantil, también considerados en el Tratado. “Se deberá garantizar no solo que no hay trabajo forzoso, sino tampoco participación de menores en todo el proceso, desde la siembra, el cultivo y la recolección”.

Certificación laboral como escudo preventivo

Pedro Estévez comparte que la certificación laboral en la agroexportación dará certeza jurídica y acreditará el cumplimiento laboral del trabajo en el campo, lo cual también disminuirá las probabilidades de activar un Mecanismo laboral por violaciones a los derechos o la imposición de aranceles en caso de activar un Panel laboral.

La facultad de la STPS en la emisión del certificado laboral para la agroexportación probará que el patrón exportador cumple con sus obligaciones de seguridad social y condiciones de trabajo digno, pero de no contar con él, podrían enfrentar acciones comerciales.

“En caso de no obtener la certificación, las empresas no solo perderían acceso a los beneficios del T-MEC, sino que aumentarían el riesgo de enfrentar quejas bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y posibles sanciones comerciales”, explica el abogado.

Aunque ya entró en vigor la certificación laboral, la STPS tiene hasta los primeros días de junio de 2026 para emitir la publicación de las reglas de operación, en tanto, las empresas agroexportadoras deben asegurar que las personas trabajadoras estén inscritas al seguro social.

También deberán verificar que todos tengan un contrato por escrito, garantizar que no participen menores de edad y, en el caso de jornaleros, ofrecer viviendas gratuitas, dignas y con servicios básicos, así como transporte seguro.

Vale la pena señalar que, desde que entró en vigor el MLRR se ha activado 46 veces, principalmente en las industrias de autopartes, automotriz, manufactura y alimentaria por quejas relacionadas con injerencia patronal, despidos por actividad sindical, amenazas y represalias, discriminación sindical y violación al contrato colectivo de trabajo.