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Arte e Ideas

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El "sistema de salud paralelo": las ONG's como la columna vertebral oculta

Un estudio nacional revela la grieta entre el discurso oficial de cobertura universal y la realidad sanitaria: el 91% de las fundaciones evalúa el sistema público como deficiente. Ante un Estado rebasado, la sociedad civil sostiene con 89% de recursos privados la atención de la mitad de los niños con cáncer y programas con 99% de supervivencia.

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Mientras la narrativa oficial proclama avances hacia un modelo universal, el 91% de las organizaciones de pacientes califica el servicio público de salud como deficiente o muy deficiente.Foto EE: Gilberto Marquina.

Nelly Toche

Hay una pregunta incómoda pero inevitable que recorre las salas de espera de los hospitales en México: ¿qué ocurre con un paciente cuando el sistema público de salud se queda sin respuestas, sin fármacos o sin especialistas? La respuesta, durante décadas, no ha venido desde los presupuestos oficiales, sino desde el dolor personal transformado en acción colectiva: las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Esta reflexión cobra un sentido urgente a la luz del reciente informe nacional "El sistema de salud paralelo que México no reconoce, pero del que depende", desarrollado por Insight Comunicación y PAS, con metodología de Ipsos México. Basado en 45 encuestas cuantitativas y 7 entrevistas a profundidad con líderes que suman más de 160 años de experiencia acumulada.

El estudio documenta cómo el país opera bajo una paradoja estructural: mientras la narrativa oficial proclama avances hacia un modelo universal, el 91% de las organizaciones de pacientes califica el servicio público de salud como deficiente o muy deficiente, y ninguna lo evalúa como excelente.

Un modelo de contención ante vacíos históricos

Lejos de operar únicamente como redes de acompañamiento emocional, las fundaciones en México actúan como una infraestructura de contención ante vacíos que el Estado arrastra desde hace décadas. Por ejemplo, las ONG's absorben actualmente la atención del 50% de los niños con cáncer en el país y alcanzan hasta un 99% de supervivencia en sus programas de detección oportuna de cáncer ginecológico.

No obstante, este aparato de soporte opera en una absoluta asimetría financiera: el 89% de su financiamiento proviene del sector privado a través de donativos, patrocinadores y procuración de fondos propia, mientras que el apoyo del gobierno federal apenas alcanza el 7%.

El impacto de este ecosistema privado es significativo. Un análisis sobre el trabajo de 29 organizaciones enfocadas en cáncer de mama agrupadas en COMESAMA representó una aportación estimada en 161 millones de pesos anuales dedicados a capacitación, estudios diagnósticos, prótesis y tratamientos que el sistema público no logra cubrir en su totalidad.

Desabasto, falta de especialistas y tratamientos obsoletos

El análisis cuantitativo del informe identifica con claridad los cuellos de botella que impactan directamente el pronóstico de las familias mexicanas. El desabasto recurrente de medicamentos es señalado por el 33.3% de las organizaciones como el principal obstáculo, reportando compras con recursos propios durante décadas ante la incapacidad hospitalaria de surtir las recetas al 100 por ciento.

A esto se suma que un 20% enfatiza la falta de personal médico capacitado, con un 73.3% de las organizaciones advirtiendo que los médicos de primer contacto carecen de la formación necesaria para dar un diagnóstico certero. Este déficit se agrava con la escasez de especialistas, existiendo entre 265 y 385 oncólogos pediatras en todo el país para atender a más de 7,000 nuevos casos infantiles al año.

Asimismo, el 65% de las organizaciones afirma que la innovación médica no llega a los enfermos, quienes siguen recibiendo esquemas oncológicos convencionales diseñados hace más de 30 años, lo que deriva en que un 86.7% califique el acceso general a tratamientos para padecimientos catastróficos como deficiente o muy deficiente.

El costo oculto que asumen las familias

En entrevista, Maricela Ramos, directora de Insight Comunicación, destaca que el propósito del estudio es devolverle a las organizaciones el rol activo que les corresponde dentro del ecosistema de salud, pasando de ser espectadoras a aliadas estratégicas en la toma de decisiones.

Ramos explica que los costos para las familias son sumamente elevados, pues no solo abarcan la compra de fármacos, sino también la pérdida de días de clase, transporte, alimentación y pruebas complejas como biomarcadores que no se realizan en el sector público.

Para la directiva, las organizaciones no representan un problema de reasignación presupuestal, sino la respuesta a vacíos estructurales acumulados, por lo que resulta indispensable que se escuche la voz de los enfermos y se generen registros nacionales por patología para priorizar adecuadamente el gasto.

Tres acciones impostergables para el Gobierno Federal

Ramos explica que para evitar el colapso del sistema y colaborar de forma efectiva con las organizaciones civiles, el estudio y sus voceros plantean tres acciones inmediatas e impostergables que el Gobierno Federal debería implementar:

  1. Información real y registros de pacientes: Contar con el respaldo de la información mediante un registro de pacientes por patología, "lo que permitiría planificar presupuestos basados en cifras reales y no en estimaciones". 
  2. Rutas claras de acceso: Establecer protocolos estandarizados —una demanda compartida por el 87% de las organizaciones— desde el diagnóstico temprano hasta el tratamiento especializado, "replicando los modelos de atención exitosos ya probados por las fundaciones". 
  3. Reconocimiento con voz y voto: Otorgar representación formal a las OSC en órganos clave como el Consejo de Salubridad General, permitiéndoles participar activamente en la toma de decisiones y en la actualización de marcos normativos pendientes, como la Norma Oficial Mexicana 041 para el cáncer de mama o la simplificación de convenios de donación con el IMSS-Bienestar.

Un esfuerzo indispensable para el ecosistema sanitario

Las organizaciones participantes, que abarcan padecimientos oncológicos en un 60%, enfermedades raras y cardiometabólicas en un 11% cada una, e infectocontagiosas como VIH en un 9%, coinciden en que sus modelos de atención integrada son eficaces, replicables y sostenibles.

La conclusión fundamental es que reconocer y fortalecer el trabajo de la sociedad civil organizada resulta indispensable para construir un sistema de salud pública robusto, capaz de garantizar el acceso a la mejor tecnología y tratamientos para toda la población en México.

Nelly Toche

Periodista de ciencia en la sección Arte, Ideas y Gente de El Economista. Cuenta con maestría en periodismo sobre Políticas Públicas por el CIDE y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UVM.

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